El juicio oral contra los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, Milena Soto, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Mario S.S. y Ayda L.T. se instalará hoy lunes, a las 09:30, en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Sucre, informó el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado.  

Citando el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal el Ministerio de Gobierno, parte acusadora, señala que este “deberá desarrollarse de forma continua hasta la comprobación y establecimiento de responsabilidades”. 

Los integrantes y principales cabezas de la RJC son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, fabricación de armas caseras (bazucas) y destrucción y deterioro del patrimonio histórico de Sucre. 

“DEBERÁN RESPONDER”

El ente de Gobierno fue contundente y señaló que la RJC “deberá responder por sus actos”. 

“Siguiendo la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Bolivia, este grupo de jóvenes violentos organizados de manera permanente, bajo reglas de disciplina, estructuradas en escuadras ALFA, OMEGA, PATRIOTA para determinar las categorías, jerarquías y funciones de la organización criminal, catalogados por organismos internacionales como grupo parapolicial o grupo delincuencial deberán responder por sus actos”, señala un fragmento del comunicado, emitido ayer por el ente de Gobierno.  

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, los integrantes de la RJC cometieron actos de “tortura, amedrentamiento, privación de libertad, discriminación, vejámenes, violaciones de derechos humanos con los que atentó contra las personas y la seguridad interna del Estado”. 

JUICIO 

El juicio oral contra los seis integrantes de la RJC inició el 8 de noviembre de 2022. Entonces, se presentaron los incidentes y excepciones del caso y los acusados declararon. 

Hoy se prevé la reinstalación del juicio oral, en el que el Ministerio Público presentará las pruebas obtenidas en la fase de investigación.

“En ese entendido, la solicitud del Ministerio Público es que se les imponga la pena de entre 15 y 20 años”, manifestó en pasados días el fiscal Fernando Aragón. 

ABREVIADO 

En noviembre de 2022, Molina solicitó someterse a un proceso abreviado por los destrozos cometidos en la Fiscalía General del Estado, ocurridos en octubre de 2020. 

Entonces, a través de un memorial envido al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, Molina ofreció brindar información sobre la participación en la crisis social que atravesó Bolivia, entre septiembre y octubre de 2019 de al menos nueve ex y actuales autoridades y dirigentes. 

En la lista de Molina figuraban Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba; Diego Murillo, actual concejal de Súmate; y Mauricio Muñoz, secretario de Finanzas de la Alcaldía valluna. 

También se encontraban Arturo Murillo, exministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez, y Rómulo Calvo, actual presidente del Comité Pro Santa Cruz, entre algunos. La Justicia rechazó la solicitud de Molina.