La audiencia de juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado golpe de Estado II entró en un nuevo cuarto intermedio hasta hoy a las 14:00 horas, que se entrará al tercer día de alegatos finales de las partes.

El fiscal Omar Mejillones explicó que, tanto el Gobierno como el Ministerio Público, pidieron 15 años de condena para la expresidenta y que para hoy deben realizar su exposición la Procuraduría General del Estado, la Cámara de Senadores y todos los acusados por lo que se proyecta que la sentencia se conozca hasta el viernes, tomando en cuenta que son “bastantes horas de audiencia”.

Para la exposición de argumentos de la defensa, los jueces se trasladarán a los penales donde se encuentran los detenidos.

Entre tanto, sigue la presión y las vigilias de grupos de autoconvocados. Las organizaciones sociales agrupadas en el Pacto de Unidad piden 30 años de prisión para Áñez, caso contrario advierten con la toma de instituciones judiciales.

EL JUICIO

El Ministerio de Gobierno, como acusador particular, se sumó al pedido del Ministerio Público de 15 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. 

En su alegato final argumentó que Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó como Presidenta del Estado de manera irregular en 2019, haciendo “simulaciones de sesión” sin que el Legislativo haya considerado las renuncias de autoridades y con la colaboración y protección de exjefes militares y de la Policía. Presentó 100 pruebas.

En la audiencia, Áñez sufrió un nuevo revés judicial luego de que se le negara, una vez más, la posibilidad de defenderse en libertad por este caso. Su defensa pidió la cesación de su detención preventiva tomando en cuenta el paso del tiempo y al encontrarse el proceso en su fase final por lo que no podría perjudicar la investigación que ya terminó.

El Tribunal Primero Anticorrupción consideró que persisten los riesgos procesales y se denegó el pedido que fue apelado.

REACCIONES

El Pacto de Unidad alistan un estado de emergencia. Jorge Cucho, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), según Urgente.bo, leyó un pronunciamiento en el que exigen a los administradores de justicia “sancionar con la máxima pena de 30 años de presidio a la señora Jeanine Áñez por los delitos cometidos en la gestión 2019, de lo contrario entraremos en estado de emergencia y anunciamos movilizaciones permanentes con toma de instituciones judiciales”.

La ejecutiva de la Federación Bartolina Sisa, Flora Aguilar, dijo que el juicio debe avanzar porque hay muertos y víctimas.

Por otro lado, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, anunció ampliar la querella penal en contra de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del empresario Samuel Doria Medina y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Según el dirigente, son los autores intelectuales del caso golpe de Estado II.

En medio de la audiencia de juicio, la expresidenta recibió el respaldo de líderes políticos, colectivos y personalidades. La mayoría, según Brújula Digital, coincide en que se trata de un juicio político en favor de Evo Morales, quien renunció a la presidencia en noviembre de 2019 y salió del país tras las movilizaciones ciudadanas.

Su abogado Luis Guillén alertó que se está en puertos de una sentencia forzada y acelerada. Para Carolina Ribera, hija de Áñez, su madre es un “trofeo” y víctima de injusticias porque solo cumplió con su deber.

“Le darán una pena alta para sancionarla por otras cosas que las que se juzgaron. Buscan derrotarla, no importa el pretexto. Presenciamos la práctica jurídica del autoritarismo" tuiteó Doria Medina.

El Comité pro Santa Cruz alertó en un comunicado que el Movimiento Al Socialismo (MAS) intenta imponer su mentira “para tratar de desvirtuar el comprobado fraude electoral”.

La Red de Mujeres por Venezuela también expresó su respaldo a la exmandataria y demandó su liberación al ser una “presa política y víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, pidió una audiencia al presidente Luis Arce para solicitar “justicia y verdad” para Áñez y otros presos.