El juez argentino Javier López Biscayart declinó su competencia en la investigación por el envío irregular de “material bélico” a Bolivia, días después de la renuncia de Evo Morales en 2019, en contra del expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades. El caso ahora podría quedar en manos del abogado Alejandro Catania.

La decisión de no continuar con el proceso se debe a que en el juzgado de su colega se encuentra radicada la primera denuncia sobre el mismo caso, según el portal del diario La Nación, y él recibió la segunda.

El juez Catania puede aceptar la competencia o rechazarla y entonces se plantearía un conflicto que debería resolver la Cámara de Apelaciones en lo penal Económico de Argentina.

Además de Macri, son investigados sus exministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa, Oscar Aguad, además del exembajador de Argentina en Bolivia Normando Álvarez García y el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, entre otros.

Una de las querellas fue interpuesta por el Ministerio de Seguridad, el de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) el pasado 12 de julio. Ese mismo día el exjuez Eduardo Freiler, que fue integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, presentó otra demanda en la que acusaba a Macri de los delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, entre otras figuras.

Finalmente está la denuncia impulsada por el gobierno del mandatario Alberto Fernández luego que desde Bolivia el canciller Rogelio Mayta haya denunciado que el 13 de noviembre de 2019, tres días después de la renuncia de Morales, ingresó al país un avión militar argentino con material antidisturbios de manera irregular.

La denuncia tiene como base una carta que le habría enviado el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) general Jorge Terceros al entonces embajador argentino Normando Álvarez donde le agradece “la colaboración” y se detalla el material recibido.

La defensa del general Terceros descartó la autenticidad de la misiva, pero desde el Comando General de la Policía se confirmó que parte de ese material continuaba en sus depósitos. Se investiga su uso, aunque el Gobierno sospecha que fue durante los conflictos sociales tras la renuncia de Morales.