Un juez decidió anular la imputación en contra del gobernador de Tarija, Óscar Montes, y el alcalde de Cercado, Jhonny Torres, además del presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, y el secretario ejecutivo de la Federación de Autotransporte "15 de Abril", Gabriel Pérez, además de otros dos activistas por la convocatoria al paro multisectorial de noviembre de 2021 en rechazo a la Ley abrogada 1386.

La decisión obedece a incidentes que presentaron los procesados en el caso. Según el dirigente cívico, la autoridad jurisdiccional no encontró los "elementos necesarios" para continuar con la imputación emitida desde la Fiscalía.

"Gracias a Dios, se ha anulado (la imputación) porque el juez no ha encontrado los argumentos, los elementos necesarios de lo que se nos acusaba y nos imputaban, así que bueno, me alegra mucho de que se haya hecho justicia", señaló Ávila.

La denuncia fue abierta por el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez, quien aseguró, según la imputación, que las autoridades y dirigentes, al sumar el apoyo de las instituciones que representan, se generaron enfrentamientos durante las jornadas de paro cívico que dejaron como resultado personas lesionadas.

"No podía criminalizarse la protesta, una protesta pacífica que en ningún momento hemos pedido a la población salir a delinquir. En ningún momento hemos manifestado o insinuado que haya separatismo o fomentemos la división en el estado boliviano", insistió el cívico.