La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, informó ayer que, además del caso de la carretera Sucre-Yamparáez, se investiga otros dos contratos estatales que recibió la empresa china encargada de esa obra y que está acusada de pagar una coima para adjudicarse la misma.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la semana pasada que se iniciarían las investigaciones a otros contratos de la empresa china Harbour, tomando en cuenta el compromiso del país contra la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas.   

Ríos indicó, según ERBOL, que hasta la fecha son tres los contratos investigados: el de la carretera Sucre-Yamparáez, que se encuentra en proceso penal, y otros dos adicionales.

Evitó dar detalles de los otros dos contratos bajo investigación, para resguardar la información y que no haya documentación que se pierda o se modifique. También evitó decir a qué gestión gubernamental corresponden.

El anuncio de Lima para investigar otros contratos de la empresa china generó la reacción del expresidente Evo Morales, quien comparó al ministro de Justicia con Arturo Murillo y lo acusó de ejecutar un “Plan Negro” en su contra.

En el caso de la carretera Sucre-Yamparáez, el diputado Héctor Arce denunció que el representante legal de la empresa china pactó una coima de 18 millones de bolivianos con funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Cuando Harbour se adjudicó la carretera en Chuquisaca, a inicios de este año, se conoció que tenía otros siete contratos con el Estado boliviano cuyo monto era superior a 3 mil millones de dólares, según difundió entonces Correo del Sur.   

VULNERACIÓN Después de las acciones del diputado Héctor Arce contra el vocal que liberó de la cárcel al empresario chino vinculado en el caso ABC, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, rechazó la actitud del legislador y la consideró como una vulneración a la independencia judicial. 

El lunes, Arce fue a Sucre para denunciar por prevaricato al vocal René Conde y, simbólicamente, sacarle una “tarjeta roja”. Incluso lo tildó de “peligro para la sociedad”, por revocar la cárcel y otorgar detención domiciliaria a implicados en el caso de supuesta coima millonaria en la ABC.

“Se rechaza la actitud del señor diputado, puede o no tener razón, esa es una situación que en su momento y de acuerdo al desarrollo del proceso se va a verificar, pero rechazamos porque lo manifestado y las acciones realizadas por él vulneran la independencia del Órgano Judicial”, dijo Bolling, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Explicó que un legislador puede hacer tareas de fiscalización, pero una autoridad judicial decide en el marco de su independencia en base a pruebas.

Bolling agregó que el diputado Arce, al ser parte acusadora en el proceso, también cuenta con las vías legales para realizar las observaciones a los actuados dentro del caso.