La Fiscalía decidió aceptar la proposición acusatoria en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), durante los conflictos postelectorales de 2019. Fue acusada por los familiares de las víctimas por los delitos de genocidio y lesiones graves y lesiones seguidas de muerte a civiles con disparos, presuntamente, de militares y policías.

Se trata de una fase de acumulación de antecedentes e inicio de investigación, previa al juicio de responsabilidades que podría enfrentar en la Asamblea Legislativa, si se aprueba por 2/3 de sus miembros. 

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no podrá hacerlo sin el apoyo de las fuerzas de oposición que ya anticiparon que rechazarán los casos en los que se mencione la narrativa de golpe de Estado, 

La primera denuncia por este mismo caso, interpuesta en marzo por cinco diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra Áñez y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, fue rechazada bajo el argumento de que no se había especificado el domicilio de los acusados.

Desde el Gobierno, en ese entonces, anunciaron que esperarán el informe del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el conflicto postelectoral.

LOS PROCESOS

A la fecha, la exmandataria suma al menos siete procesos que están en curso, quien se encuentra encarcelada desde hace más de cuatro meses por el caso denominado golpe de Estado y acusada de los delitos de conspiración, sedición y terrorismo ampliados a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. 

Los casos Senkata y Sacaba también se investigan en la justicia penal, en el departamento de La Paz y Cochabamba, respectivamente, en contra de exministros y exjefes militares. A Áñez, como exmandataria, le corresponde juicio de responsabilidades.

Otra acusación es por haber asumido de forma supuestamente irregular la presidencia del Senado. Los delitos que se le atribuyen son anticipación o prolongación de funciones, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, sedición, seducción de tropas y conspiración.

De las primeras cuatro primeras proposiciones acusatorias, impulsadas por el Ministerio de Justicia y el gobierno de Luis Arce, tres ya fueron aceptadas y se espera su tratamiento en la Asamblea. Se trata de la aprobación del crédito de más de $us 300 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la ampliación del contrato de concesión del servicio de registro público y comercio a Fundempresa y por la supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión, a través de un decreto.

LIBERTAD

La expresidenta intentó en varias oportunidades obtener su libertad, sin embargo, la Justicia le negó la posibilidad. También resolvió que el proceso se mantenga en la vía ordinaria.

Hoy nuevamente acudirá a una audiencia de cesación a la detención preventiva, donde su defensa intentará demostrar que no existen pruebas en los supuestos ilícitos. Para esto, presentó más de 100 documentos para su valoración.

“Vamos a presentar diferentes elementos probatorios para desvirtuar los riesgos procesales, sobre todo la probabilidad de autoría en cuanto a la existencia del hecho y en cuanto a que la exmandataria haya tenido participación. Existen abundantes elementos que ha aportado la investigación y el Ministerio Público no ha podido sustentar ningún elemento objetivo que demuestre esos delitos”, afirmó el abogado Luis Guillén.

La audiencia de cesación de su detención preventiva se realizará de manera virtual y en una publicación desde su Twitter dijo que presentará más de 260 pruebas que sustentan su inocencia.