La presidenta Jeanine Áñez presentó ayer un informe sobre la situación de los Derechos Humanos, tras el fraude electoral ocurrido el 20 de octubre de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales, su posterior salida del país y acusaciones por supuestos actos de sedición y terrorismo que habría cometido desde México y Argentina, donde fue asilado.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Justicia y consta de 65 páginas, 156 notas al pie y 25 conclusiones finales que establecen, de manera documentada y precisa, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado boliviano bajo la presidencia de Morales.

"El informe precisa por qué el expresidente Evo Morales ha incurrido en la apología del odio, puesto que amenazó con ejecutar un cerco a las ciudades que protestaban contra las irregularidades de las elecciones y relata con detalles y doctrinalmente cómo el 10 de noviembre a las 16:51  cesa en su mandato y junto al Vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras deja al Estado con una ausencia de Gobierno hasta el 12 de noviembre, fecha en que se produjo la sucesión presidencial conforme al artículo 169 de la Constitución".

"Creo que es necesario que el pueblo boliviano conozca lo que realmente pasó", indicó la mandataria en el acto que se realizó en Palacio de Gobierno, ayer.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, anunció también que presentará el estudio en la etapa de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la comunidad internacional. La solicitud ya fue aceptada.

El informe contiene una cronología de todos los hechos jurídicamente relevantes, como son los antecedentes antidemocráticos en las elecciones generales de 2019, las irregularidades observadas en los comicios, el desarrollo de protestas pacíficas contra dichas irregularidades, las amenazas y ataques de Morales contra la sociedad civil, los ataques terroristas de partidarios de Morales y la sucesión constitucional que se produjo, reportó ABI. En una segunda parte, muestra el análisis jurídico de toda la normativa vigente, que permitirá a los bolivianos obtener un pormenorizado recuento de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre, información que será de utilidad para organismos internacionales y expertos académicos.