Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Informe GIEI: ONU espera uso imparcial y en el MAS ven omisión

Falta de “independencia judicial, transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal” son parte de los graves problemas estructurales citados en el documento.
Expertos del GIEI en Huayllani, Sacaba. DICO SOLÍS
Expertos del GIEI en Huayllani, Sacaba. DICO SOLÍS
Informe GIEI: ONU espera uso imparcial y en el MAS ven omisión

A tiempo de destacar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en 2019, la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, hizo un llamado para que esta documentación sea utilizada de forma imparcial con el fin de promover el diálogo y reducir la polarización.

"Es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes”, indicó el pronunciamiento.

Destacó que se haya documentado las violaciones a los derechos humanos, uso sistémico de tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, además de que “la violencia tuvo sesgos raciales y antiindígenas”.

NINGUNEADOS

Por otro lado, César Navarro, uno de los ministros durante la gestión de Evo Morales, cuestionó el informe presentado por el GIEI por no tomar en cuenta su testimonio y porque “violenta la soberanía del Estado boliviano", según citó El Deber.

“He prestado mis declaraciones cerca de tres horas sobre la destrucción de mi inmueble en Potosí y lo lamentable es que no encuentro ni una sola coma, ni un solo punto; ni siquiera se nos nombra”, señaló.

Sobre el daño a otros inmuebles, mencionó la “destrucción de la casa de Esther Morales, hermana del expresidente ni la quema de la vivienda del exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez”, además del caso del expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

“Hemos sido ninguneados en el informe y eso nos parece altamente incompleto. Es una opinión negligente de estos investigadores. Además, estamos subordinando la condición de país libre, independiente y soberano, a la opinión de técnicos y sus recomendaciones parecen órdenes extranacionales que debemos cumplir sumisamente”.

Sin embargo, el documento presentado por el grupo de expertos habla de las “manifestaciones que resultaron en el ataque, saqueo y quema”  de “viviendas de actores políticos y personajes públicos de todas las corrientes ideológicas”.

Se identificaron, aclara el informe, “los de Soledad Chapetón, en su momento alcaldesa de El Alto; Víctor Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados; y César Navarro, exministro de Minería”, de forma textual.

A pesar de que algunas investigaciones sobre hechos sucedidos en octubre y noviembre de 2019 fueron cerradas por la Fiscalía, el GIEI detectó responsabilidades del Estado y pide a las autoridades concluir las investigaciones, con el fin de que todas y cada una de las víctimas hallen justicia ante los hechos mencionados.

LANCHIPA

Las víctimas de los hechos de violencia de 2019 y algunos legisladores pidieron la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, por haber incumplido el debido proceso con persecuciones políticas, como indica el mismo documento del GIEI.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, habló del inicio de procesos contra operadores judiciales que habrían sido “cómplices” de irregularidades en aquel año, según informó Página Siete.

"Si hubo operadores de justicia que casi actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando derechos humanos y el debido proceso, deben ser investigados como cualquier otro ciudadano, nadie está por encima de la ley ni la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirmó Torres en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia, Iván Lima.

Los expertos del GIEI apuntan como parte de los graves problemas estructurales la falta de “independencia judicial, transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal”.