El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Bolivia (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los conflictos postelectorales de 2019 se conocerá este viernes y su alcance es de suma importancia.

Según el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el documento tendrá carácter vinculante para todas las autoridades civiles y militares del país de ese entonces, es decir que su cumplimiento es obligatorio y rige también para los diferentes órganos del Estado como son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Por su parte, el representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca, explicó, citado por ABI, que se podrá identificar con nombre y apellido a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

“En este informe van a recomendar juicios penales, civiles y administrativos que correspondan y responsabilidades en diferentes grados y tipos penales en el caso boliviano y en la tipología internacional de derechos humanos, dependiendo del grado de violación que ha habido a la vida, a la libertad, a la expresión, al voto, a una sucesión constitucional, etcétera”, precisó.

Dijo también que el documento del GIEI en materia de reparación, establecerá un plan integral para el entorno familiar de las víctimas de los conflictos y de las personas que sufrieron torturas en la gestión de Jeanine Áñez.

EL PROCESO

Sobre los juicios que se tengan que instaurar, refirió que serán directamente procesos penales ordinarios, a excepción del juicio de responsabilidades que correspondería a la expresidenta Áñez.

El informe preliminar de la CIDH, del 10 de diciembre de 2019, estableció que en el mes de noviembre de 2019 hubo juicios extrajudiciales, graves vulneraciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres y torturas.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.