Los incendios en la Chiquitanía y el Parque Noel Kempff Mercado, una de las principales reservas naturales del país, obligan a las autoridades a pensar en una declaratoria de emergencia y el pedido de ayuda internacional. A nivel legal, está prevista la anulación del Decreto Supremo 3973 del 9 de julio de 1973, que modificó el artículo 5 del Decreto Supremo 26075, de 16 de febrero de 2001 para permitir el desmonte de tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias.

Casi un mes después, se descontroló el incendio forestal en la Chiquitanía y muchos sectores atribuyeron a esa normativa como una de las principales causantes del desastre ambiental.

Este año, una vez más el fuego devora todo lo que tiene a su paso.

Santa Cruz tiene actualmente 21 incendios forestales activos en municipios de la Chiquitania como Concepción, San Ignacio de Velasco, San Rafael y San Antonio de Lomerío, o el fronterizo San Matías, cercano al límite con Brasil, entre otros, según la Gobernación que el lunes declaró emergencia departamental debido a las sequías e incendios forestales.

LAS MEDIDAS La presidenta Jeanine Áñez anunció que en las próximas horas se declarará emergencia por los incendios forestales. "Trabajamos con todo para frenar incendios en la Chiquitanía. En las próximas horas tendremos declaratoria de emergencia y abrogación del decreto de Evo que autorizaba quemas. Los bolivianos sabemos enfrentar crisis. Tenemos coraje y hemos aprendido. Vamos a frenar los incendios", expresó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter (@JeanineAnez).

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, destacó esa decisión y aseguró que no ocurrirá lo sucedido el año pasado, porque ahora prevalece la lógica de salvar la flora y la fauna, las vidas de los productores, al sector agropecuario y al sector agroindustrial.

"Ese es el espíritu que nos mueve. El gobierno está dispuesto a todo para enfrentar con éxito esta situación crítica", enfatizó.

Además, el Ministro dio a conocer que a la fecha los incendios afectaron aproximadamente 400 mil hectáreas, cifra inferior a los más de dos millones de hectáreas que ardieron el año pasado.

Dijo también que el Gobierno nacional realiza las gestiones pertinentes para que al menos tres hidroaviones inicien hoy sus labores para ayudar a sofocar los incendios.

"Si todo va bien, son tres hidroaviones, 10.000 litros, pero necesitamos 300.000 litros para que no estén parqueados y les paguemos en vano el parqueo aquí", informó.

Explicó que primero se debe garantizar el suministro de agua que requieren los hidroaviones para realizar su trabajo.
"Estamos viendo en este momento que se va la patrulla de 20 soldados más un médico, mientras tanto una oruga está trabajando a full (para) hacer muchos cortafuegos; necesitamos otra oruga más, con una está bien, pero con una más podríamos estar mejor", precisó.

La autoridad afirmó que las zonas en las que más apoyo se requiere son Fátima y Copaibo.

Para hoy también está previsto que representantes internacionales junto a autoridades gubernamentales lleguen a la zona afectada para hacer una evaluación y solicitar cooperación externa en caso de ser necesario.

"Está viniéndose la ministra Pinckert con toda la comunidad internacional para específicamente pedir la ayuda, la presidenta Jeanine Áñez está dispuesta a hacer lo que sea, depende mucho del estadio de la emergencia y de la declaración del estado", complementó.

ANULACIÓN Mientras tanto, en el gobierno del expresidente Evo Morales, el decreto fue considerado bajo el argumento de crecimiento poblacional, incremento de la demanda interna y externa de alimentos, así como los indicadores de consumo de la población.

Ante esta situación, se decidió “asumir medidas estratégicas tendientes a ampliar las superficies para cultivo y producción agrícola y ganadera, a través de la apertura de la frontera agropecuaria para el fortalecimiento de la producción de alimentos y la economía nacional con inclusión de las distintas realidades productivas y potencialidades de la economía plural de forma sostenible  y sustentable”.

Según el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, la abrogación de la norma será hoy, en la reunión del Gabinete, en vista de que el Tribunal Constitucional no se pronunció.

El año pasado, un grupo de parlamentarios presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la cuestionada norma y, según el ministro Núñez, en mayo de este año la presidenta Jeanine Áñez "hizo un apersonamiento".

"Lamentablemente, hasta el día de hoy, el Tribunal Constitucional no se lo ha pronunciado" y ante esa situación, el Gobierno decidió abrogar el DS 3973”, confirmó.