La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) salió este viernes a explicar su sucedido en los diálogos de noviembre de 2019, que derivaron en la asunción de Jeanine Añez como presidenta del Estado. Reveló que el MAS estuvo de acuerdo con la sucesión que se había pactado, pero luego no cumplió. 

Mediante un comunicado, la CEB ratificó que la reunión del 11 y 12 de noviembre de 2019 fue convocada por la Iglesia Católica, como facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España, con el objetivo de buscar consensos para la pacificación y la gobernabilidad, ante el vacío de poder y la violencia en las calles, creadas por la renuncia del expresidente Evo Morales.

Indicó que en el encuentro, realizado en la Universidad Católica, estuvieron presentes, además de los facilitadores, representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, los partidos electos en las elecciones de octubre de 2019, comités cívicos y el CONADE.

Según la CEB, el “a petición de la senadora Adriana Salvatierra, el día 11 no se pudo tratar ningún tema, salvo la salida segura del país del expresidente Evo Morales hacia México, para lo que solicitó que se comunicase esta petición a las autoridades militares, servicio que realizó el expresidente Jorge (Tuto) Quiroga”.

Aclaró que Quiroga se comunicó con los militares no como una autoridad que da una orden, sino como ciudadano que comunicaba la petición del MAS a las autoridades para facilitar así la salida en paz del expresidente Evo Morales.

El 12 de noviembre, según la Iglesia, se comenzó la reunión escuchando las posturas de los presentes, una vez que Morales había salido del país. 

Entonces, “la propuesta que se planteó, en un primer momento, fue dar posibilidad a todos los asambleístas para presentarse como candidatos a presidente, idea de los representantes del MAS”, dice el comunicado de la CEB.

Reveló que los representantes del MAS consultaban con sus líderes en forma telefónica, de forma que no había avance que no fuese consultado y autorizado desde el exterior.

En ese escenario, de acuerdo al relato de la Iglesia, “poco a poco” se abrió el camino constitucional para la elección de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez en base a la declaración constitucional del año 2001, 003/2001, que determina que no puede haber vacío de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto e, incluso, ahorrados los formalismos.

“En ningún momento el grupo de diálogo tomó las decisiones, sino que, llegó a consenso unánime respecto a la sucesión constitucional de la senadora Jeanine Añez y los representantes de los partidos, comunicaron esta posible solución a la Asamblea Plurinacional”, enfatiza el comunicado.

La CEB aseveró que “los representantes del MAS estuvieron de acuerdo en esta solución, por lo que la senadora Adriana Salvatierra, invitó a las instituciones facilitadoras, a la sesión de la Asamblea Plurinacional de la tarde de ese día, a la que ella no asistió, arguyendo que corría riesgo su vida”.

“La bancada del MAS, no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión y no se presentaron a la sesión de la Asamblea Plurinacional, en la que fue posesionada la senadora Jeanine Añez como nueva presidente, en virtud de la declaración constitucional 003/2001, ratificada además por el Tribunal Constitucional, por lo que su investidura fue plenamente ajustada a la Constitución, en el marco de la sucesión constitucional”, recalca.

En ese marco, la Conferencia Episcopal rechazó categóricamente la declaración de la exministra Teresa Morales, quien fue presentada en aquella reunión como asesora de la senadora Adriana Salvatierra, en el sentido de que “hubo sedición, conspiración y terrorismo” en las reuniones.

Consideró “totalmente falsas y sin fundamento alguno” a las declaraciones de Teresa Morales que fueron realizadas ante la Fiscalía que investiga el caso de supuesto “golpe”.

También la Iglesia rechazó toda interpretación que se haga de aquel proceso de diálogo como un “golpe de Estado”. Destacó que más bien, los participantes supieron poner el bien común de todos los bolivianos, antes que los intereses particulares, sin olvidar la situación de violencia fratricida que se estaba viviendo. 

“Interpretar aquellos hechos como ‘golpe de Estado’, es una fantasía que no corresponde con la realidad, por lo que afirmamos que las detenciones basadas en esta interpretación, son del todo injustas y los detenidos por esta razón lo son en virtud de una persecución política que no responde a la verdad de lo sucedido, por lo que seguimos pidiendo para ellos trato humanitario y libertad”, agrega el comunicado.