Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 24 de febrero de 2021
  • Actualizado 14:09

Human Rights Watch pide retirar cargos de terrorismo contra Evo; Gobierno rechaza

Enfrentamiento registrados en Cochabamba la mañana del lunes 28 de octubre de 2019. Dico Solís
Enfrentamiento registrados en Cochabamba la mañana del lunes 28 de octubre de 2019. Dico Solís
Human Rights Watch pide retirar cargos de terrorismo contra Evo; Gobierno rechaza

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta, según Human Rights Watch, HRW, "casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva".

Human Rights Watch emitió un informe en el que acusa al Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez de “abusar del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, “quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas”.

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el gobierno de Áñez con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, sobre todo en contra de las exautoridades y gente cercana al anterior Gobierno del MAS, siempre según Human Rights Watch.

Tras el informe, el Gobierno de Áñez rechazó este mediodía el informe que solicita que se retiren los cargos en contra el expresidene Evo Morales por terrorismo.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez sobre el informe señaló: "Este documento denuncia que el gobierno de Evo Morales debilitó la independencia de la justicia, no respetó los resultados del referéndum del 21F y que hubo ataque contra la sociedad durante el conflicto post electoral".

Ahora bien, dijo Núñez: "Como Gobierno constitucional de Bolivia, rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecusión polìtica utilizando a la Justicia contra Evo Morales. Hay que recordarles que el MAS preseleccionó a las autoridades del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Agrario, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Fiscal General del Estado. En otras palabras, todo el sistema judicial está coptado por el MAS, partido de Moalres. Por tanto es un contrasentido decir que el actual gobierno ejerce control de la Justicia o utilizamos como arma de persecución. Lo que el Gobierno hizo es cumplir con su deber de denuncia un hecho irregular y lo hicimos ante las instancias que corresponden que es el Ministerio Público, pese a estar tomado por el MAS".

La denuncia fue presentada porque el pueblo boliviano fue testigo de cómo se ha convulsionado el país. El expresidente ordenó cercar las ciudades, no permitir el paso de alimentos a un país que él mismo gobernada y llamada su pueblo, todo con el miso afán de poder.

¿Cuál es el nombre que se le da a quien pretende matar de hambre a millones de seres humanos? Los abogados que prepararon la denuncia solventaron argumentos jurídicos para denunciar a Morales por terrorismo, dijo Núñez.

INFORME

    “Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”, agregó, según reflejó Urgentebo.

Asimismo, en el informe, Human Rights señala que existen dudas de que en Bolivia haya habido un fraude electoral en 2019 y “deplora” que Áñez haya perdido la oportunidad de reformular la justicia cuando asumió el poder gubernamental.

    “La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, señala el informe.

Asimismo, el organismo internacional  afirma que examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales y hasta que tuvo acceso a todo el expediente de la investigación por terrorismo contra el expresidente Evo Morales. Además, señala que realizó más de 90 entrevistas en el país, entre ellas al ministro de Gobierno, Arturo Murillo; la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados.

    “En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales”, afirmó Human Rights Watch en su informe y agregó que “a otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet”.

Específicamente sobre las denuncias contra el expresidente Evo Morales, Human Rights señala que no hay pruebas que sustenten las acusaciones por terrorismo contra el exmandatario.

Recuerda que el proceso contra Morales se basa en una grabación de audio en la que supuestamente se escucha al exmandatario ordenar un cerco a las ciudades del país, pero señala que “en esa prueba las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido” en el país durante los conflictos post electoreales de noviembre del 2019.

    “Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch – que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica – no dan el menor sustento a esa acusación”, señala el organismo.

    “Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, destacó al respecto vVivanco.

Sin embargo, el director de Human Rights acotó que “el aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”.

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