La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español), emitió un comunicado en el que advierte que el Decreto 4200, que emitió el Gobierno de Bolivia en la lucha contra el Covid-19, atenta contra la libertad de expresión al incluir una “disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”, agregó.

El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

En ese sentido, HRW advierte que el decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como “desinformación” o como actos que “generen incertidumbre a la población”.

“Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, señaló Human Rights Watch.

Indicó también que entre los delitos contra la salud pública, previstos en el Código Penal, no se contempla delitos de opinión, como desinformar ni generar “incertidumbre a la población”, tal como se señala en el decreto, ni tampoco otras hipótesis en que se pueda incurrir cuando se hagan comentarios públicos.

“El gobierno debería derogar de inmediato esta disposición del decreto, que atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país. A su vez, los senadores, diputados, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad de esta disposición”, apuntó Human Rights Watch.

Asimismo, HRW hace un recuento de declaraciones públicas de ministros – especial el de Gobierno, Arturo Murillo- y funcionarios públicos – como Rafael Quispe, del Fondo de Desarrollo Indígena- que acusan abiertamente a miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), en especial a su candidato presidencial  Luis Arce, de generar la desinformación en el país.

 “Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de ´desinformación´ únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población”, dijo Vivanco.

“Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al Covid-19”, añadió.