En su informe mundial, la organización internacional Human Rights Watch denunció que el régimen de Jeanine Áñez violó los derechos humanos, protegió con decretos los abusos de uniformados, usó a fiscales y jueces para perseguir a militantes del partido MAS, compró respiradores con sobreprecio, abandonó a 1.300 bolivianos en la frontera con Chile y dejó sin educación a niñas y niños bolivianos.

El informe, en lo referido a los Derechos Humanos, indica que "al menos 37 personas murieron en hechos de violencia relacionados con las manifestaciones, y más de 800 resultaron heridas, según informó la Defensoría del Pueblo".

"Dos manifestantes contrarios a Morales fueron asesinados en la localidad de Montero. Veinte personas murieron en dos masacres en Sacaba y Senkata, en las cuales agentes de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos, abrieron fuego contra manifestantes partidarios de Morales", añadió.

"Las masacres -agrega el reporte- se produjeron luego de un decreto emitido por la presidenta interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto, se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieran. En respuesta a las críticas, la presidenta Áñez derogó el decreto".

"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo documentaron numerosos casos de detenciones arbitrarias y de torturas por policías en la ciudad de El Alto el 11 de noviembre de 2019", indica el reporte de Human Rights Watch.

El régimen de Áñez "utilizó de manera abusiva el sistema judicial para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales y no impulsó investigaciones independientes de las violaciones de derechos humanos ni los actos de violencia relacionados con las elecciones que se produjeron en octubre y noviembre de 2019".

El documento señala que "la presidenta interina Áñez emitió decretos que habrían eximido a militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios y que amenazaron la libertad de expresión. Su gobierno derogó ambas medidas debido a las críticas".

"En lugar de fortalecer la independencia judicial, el gobierno de Áñez presionó en forma pública a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses. Los fiscales iniciaron investigaciones penales, muchas de las cuales parecían responder a motivaciones políticas, contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva", menciona el documento.

Respecto al combate contra la COVID-19, el documento de Human Rights Watch da cuenta que "en mayo, el gobierno interino compró 170 respiradores -para su uso en ambulancias, no en hospitales-, por los que, aparentemente, pagó casi el triple del costo real. Ante esto, la fiscalía inició una investigación penal por posible corrupción contra varios funcionarios gubernamentales, entre ellos, el entonces ministro de Salud".

En marzo, el régimen de Áñez "cerró las fronteras como respuesta a la pandemia, dejando varadas en campamentos en Chile a alrededor de 1.300 bolivianos, incluidas personas mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas. Semanas más tarde, el gobierno les permitió volver a Bolivia y debieron cumplir un período de cuarentena".

Las restricciones a la circulación establecidas en respuesta al COVID-19, agrega el informe, redujeron el acceso de muchas comunidades indígenas a comida, medicamentos y mercados para sus productos, según informó la Defensoría del Pueblo

Sobre la educación, el reporte internacional indica que "en lugar de trabajar con las escuelas para proporcionar contenidos educativos durante la pandemia, a principios de agosto el gobierno interino canceló lo que restaba del año escolar 2020 hasta diciembre y, con esta medida, casi 3 millones de niños y niñas quedaron sin educación".

Sobre la libertad de expresión, Human Rights Watch indica que "el gobierno interino adoptó políticas que amenazaban la libertad de expresión, entre ellas, un decreto sobre COVID-19 que contenía una disposición excesivamente amplia que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran al gobierno. En respuesta a las fuertes críticas recibidas, el gobierno revocó la disposición en mayo de 2020".