El anuncio de una demanda por el delito de atentados contra la salud publica en contra del jefe de campaña del MAS Evo Morales, la presidente de la bancada de diputados del MAS, Betty Yañiquez, y el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, generó la reacción de los aludidos quienes señalan que acudirán a instancias internacionales para hacer respetar su derecho a la protesta.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, señaló que el ente matriz de los trabajadores es reconocido por el ministerio de trabajo y otras instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Agregó que la movilización del pasado martes fue respaldada por varios sectores que sienten los efectos negativos que deja la emergencia sanitaria por COVID-19 y que están en contra de la modificación de la fecha de elecciones. Enfatizó en que no teme a la demanda iniciada en su contra por el Gobierno.

“Voy a seguir trabajando, me voy a defender como corresponde, si es un delito luchar por la salud y la vida del pueblo boliviano aquí estoy, no me voy a escapar, voy a dar la cara por mi país”, enfatizó el dirigente.

Por su parte, Boris Villa, secretario de Seguridad Social de la COB, señaló que no dejarán solo a su dirigente y radicalizarán las medidas de presión a partir del lunes de la próxima semana y hasta que el Gobierno “respete las leyes nacionales e  internacionales y que el tribunal Supremo Electoral respete la fecha de elecciones que fue sugerida por ellos mismos”.

La presidenta de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Betty Yañiquez, no negó haber participado de la marcha del pasado martes, sin embargo, justificó su presencia en dicha actividad señalando que la misma está amparada por las leyes.

Agregó que la demanda en contra suya y otras personas se constituye en una cortina del humo del Gobierno para intentar tapar la incapacidad de no poder atender de manera efectiva la pandemia por la COVID-19.

Puntualizó que su participación estaba enmarcada en la ley por lo que dice no temer al proceso iniciado en su contra, sin embargo, solicitará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga en su caso para que pueda gozar de las garantías necesarias, ya que, a su criterio, es acosada políticamente.

“No le tengo miedo, voy a continuar en esta lucha porque estoy actuando bajo el paraguas de la Constitución, estoy a lado de mi pueblo, vamos a iniciar los procesos que el caso amerita como la denuncia ante la CIDH, vamos a pedir medidas cautelares también ante el alto comisionado porque estoy sufriendo acoso político”, señaló la legisladora.