El Grupo de Juristas Independientes que promueve la reforma de la Justicia mediante una cruzada ciudadana y en las calles, le pidió a los políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que hagan una pausa en el tratamiento del reglamento para la preselección de magistrados, mientras se juntan más firmas.

El objetivo es conseguir un referendo. Para ello, debe haber 1.5 millones de ciudadanos que hayan estampado sus firmas.

Los juristas se pronunciaron después de que ya iniciaran las sesiones de la Comisión Mixta de Constitución para abordar las condiciones y el reglamento de preselección para las elecciones judiciales.    

“Los partidos políticos están presentando sus propios reglamentos cuando tenemos un proceso ciudadano donde la gente está firmando, y nosotros creemos firmemente que los políticos deberían hacer una pausa y esperar que los ciudadanos terminen de firmar”, dijo Kathia Saucedo.

En opinión del equipo, si los que llevan adelante la iniciativa logran el millón y medio de firmas antes del plazo definitivo, que es el 23 de abril, el “escenario cambiará”, porque se podría realizar un referendo que modifique la actual forma preselección de magistrados para elecciones judiciales.

Juan Del Granado dijo que los políticos de oposición y oficialismo deben tener consideración no con los juristas, sino con la ciudadanía. “¿Dónde está el apuro?”, cuestionó.

Advirtió que de tener éxito la cruzada en las calles en cuanto a reformar la Constitución vía referendo, se anulará todo lo que están haciendo los parlamentarios.

DESAHUCIARON LA PROPUESTA

En enero pasado, entendidos en derecho y justicia indígena originaria desahuciaron al referendo impulsado por el grupo de juristas independientes porque los resultados de la anunciada consulta recién se aplicarían a partir de 2029.

Del Granado comprende que se trata de "una gran cruzada nacional que debería concretarse en tres meses". En ese tiempo, el equipo necesita reunir 1.5 millones de firmas para asegurar -según dijo- que las elecciones de este fin de año se realicen con nuevas normas y los nuevos jueces tengan un presupuesto suficiente para una justicia digna.