Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 02 de julio de 2020
  • Actualizado 18:31

ACUSA AL MAS DE CONFISCAR $US 3.000 MILLONES QUE ERA PARA SALUD Y EDUCACIÓN

Gobierno promulga ley del IDH para que en 15 días las regiones y universidades reciban $us 200 millones

El ministro de Economía, José Luis Parada, denunció que en 11 años, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el ahora candidato a la presidencia Luis Arce tenían como objetivo reducir su déficit fiscal y tapar el “despilfarro” de recursos.
La presidenta Jeanine Áñez firma la ley del IDH, ayer. ABI
La presidenta Jeanine Áñez firma la ley del IDH, ayer. ABI
Gobierno promulga ley del IDH para que en 15 días las regiones y universidades reciban $us 200 millones

La presidenta Jeanine Áñez promulgó ayer la Ley 1307 que reasigna, en favor de municipios, gobernaciones y universidades públicas, el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para enfrentar la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19.

La norma, sancionada el 18 de junio por el Legislativo, autoriza de forma "temporal" el traspaso de hasta 200 millones de dólares en favor de estas entidades en un plazo de 15 días. Estos recursos serán reasignados hasta el 31 de diciembre de 2020, según ABI.

El 12% del IDH, según el artículo 12 de la Ley 767 de la gestión del expresidente Evo Morales, cuya aplicación ahora quedó en suspenso, debía ser retenido por el Ejecutivo para impulsar la búsqueda de reservas a través del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

Ahora, con la Ley 1307 de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del FPIEEH, los municipios, gobernaciones y universidades públicas contarán con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del COVID-19.

LA DISTRIBUCIÓN Este dinero será distribuido a través de una fórmula que favorece a las regiones con mayores indicadores de riesgo de contagio de coronavirus.

Además, las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) deberán "desarrollar acciones para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de actividades productivas".

En el caso de las universidades públicas, éstas "deberán contribuir directamente con las actividades de prevención, atención y contención del coronavirus COVID-19 con equipamiento de hospitales universitarios, laboratorios y compra de insumos necesarios".

El 12% del IDH fue retenido desde 2015 bajo el argumento de promocionar la exploración y explotación de los hidrocarburos y ahora, según el artículo 3 de la nueva norma, será reasignado de la siguiente manera: 78% para municipios; 15% para gobernaciones; y el 7% para las universidades públicas.

La norma promulgada, ayer por la Jefa de Estado instruye a municipios y gobernaciones emplear el 50% de esos recursos para la prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.

Según el artículo 4, el 25% de los recursos que recibirán las regiones por efecto de esta reasignación deberán ser destinados a la provisión de alimentos para la población y programas de seguridad alimentaria.

El restante 25% de este fondo temporal deberá servir para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para disminuir la expansión de la pandemia.

CONFISCACIÓN Por su parte, el ministro de Economía, José Luis Parada, denunció ayer que en 11 años, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el ahora candidato a la presidencia Luis Arce, confiscó alrededor de 3.000 millones de dólares a las entidades territoriales autónomas del país, con el objetivo de reducir su déficit fiscal y tapar el "despilfarro" de recursos que se hacía desde la administración pública.

“El MAS desde el 2008 hizo, mediante decreto y ley expresa, una confiscación que alcanza a casi 3.000 millones de dólares que el Gobierno del MAS retiró de los departamentos. Confiscó a las entidades territoriales autónomas para cubrir ese déficit y el despilfarro de los recursos que tenían”, informó.

Dijo también que hasta el momento, ese dinero confiscado no fue utilizado y se encuentra en una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que evidencia que la Ley 767, solo fue una medida aprobada políticamente por el MAS para dejar sin dinero a las subregiones.