Autoridades del Gobierno demandaron ayer sanciones contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y quienes “ofendieron” a la wiphala, por los actos de racismo y discriminación suscitados durante los actos protocolares por la efeméride de Santa Cruz, por lo que iniciaron “los procesos correspondientes”.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó, según el portal Oxígeno, que “se han iniciado los procesos y se está realizando la investigación justamente para proceder a la sanción que corresponde”.

Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz, a través de un comunicado, afirmó que la iza de la wiphala fue una “imposición del Gobierno y no estaba prevista en los actos protocolares en los actos de homenaje a los 211 años de la gesta libertaria”.

Aseguran que la bandera de la wiphala salió del bolsillo del ministro de Gobierno y hay videos que muestran lo ocurrido.

El documento señala que “un grupo de cruceños bajó el emblema, que fue doblada sin daños y entregada a un militar, por lo que el Gobierno procede mal al tergiversar los hechos para victimizarse y procesar una vez más a ciudadanos cruceños”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó ayer que presentará una denuncia penal contra dos mujeres, entre ellas una asambleísta, que quitaron de un mástil y ultrajaron la wiphala.

“El día lunes vamos a presentar una denuncia penal en contra de aquellas personas que hubieran bajado y ultrajado este símbolo patrio”, dijo, en una entrevista con Bolivia Tv.

Detalló que la asambleísta no representa “el sentir del pueblo cruceño”, porque la ley de los habitantes del departamento de Santa Cruz es la hospitalidad, según la Agencia Boliviana de Información.

POLÉMICA LEY El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una “acción de conflicto de competencia” para frenar la promulgación de una Ley catalogada de “separatista” e impulsada por la Gobernación de Santa Cruz, a la cabeza de Camacho.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, negó que la ley departamental para elegir autoridades regionales tenga fines separatistas y dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) su futura aplicación.

“Todas las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa Departamental, primero que todo, tienen presunción de constitucionalidad, si es que existiese algo que no es así, es el Tribunal Constitucional el que tendrá que dirimir, esa es una ley que recién ha sido aprobada, no ha sido promulgada”, afirmó Matkovic al portal Brújula Digital.