El Gobierno informó que hay 15 personas aprehendidas en Santa Cruz que participaron de los enfrentamientos ayer en medio de la huelga indefinida que inicia este sábado su día 22 exigiendo censo para 2023 y no para 2024.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a los medios que se detuvieron a 15 personas que están involucradas en la "quema de instituciones, de la propiedad privada, los ataques a ciudadanos cruceños y a la Policía".

Del Castillo indicó que ahora el Ministerio Público "puede actuar conforme a la normativa vigente".

Agregó que hay "decenas" de personas heridas y "daños económicos considerables" a causa de los destrozos que realizaron las personas en medio de los enfrentamientos y el conflicto que persiste en Santa Cruz que exige censo el próximo año.

Luego las personas trataron de "tomar" las instalaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que está a cargo de realizar el censo de población y vivienda en el país, sostuvo del Castillo.

El ministro subrayó que el Gobierno de Luis Arce "salvó" la vida de 66 personas que se encontraban en el interior de la federación de campesinos que fue quemada y manifestó que la gente que protesta "no pudo quitarles la vida".

Del Castillo insistió que la violencia "no va a llegar a buen puerto", y señaló que todo esto se da para "satisfacer los apetitos personales" del gobernador opositor Luis Fernando Camacho.

En tanto, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió a la Policía que "no amedrente a la población" y recomendó a las personas que acatan la huelga a que no hagan caso a la "provocaciones".

"Hay mucho abuso de parte de la Policía que está causando mucha zozobra en la población, queremos que se pacifique, no queremos violencia", recalcó Calvo.

Asimismo, el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, aseveró a los medios que la huelga busca "de manera pacífica" el censo en 2023.

Exigió a la Policía y al Ministerio de Gobierno cumplir su rol de "preservar la integridad y los derechos de todos los bolivianos" y no solo de algunos.

ESTADO DE EXPCECIÓN

La Central Obrera Bolivia, la principal entidad de representación de los trabajadores del país, que es afín al Gobierno de Luis Arce, pidió que se declare "estado de excepción" en esa región por los conflictos.

Además que se conforme una comisión nacional de fiscales "para investigar los crímenes organizados por el Comité Cívico y se castigue con todo el peso de la ley" a Cuéllar, Camacho y Calvo.

También exigieron "juicio y cárcel" para los "mandos policiales" que "se presten a un nuevo motín policial" y convocó a sus afiliados a mantener la "unidad" ante esta situación.

En tanto la alianza política opositora Creemos, pidió al pueblo cruceño que mantenga la calma y que se retorne a un "espíritu de paz y precaución" frente al "caos perpetrado por el Movimiento al Socialismo", el partido gobernante.

En un comunicado agregó que en la federación de campesinos se encontraron varios "elementos explosivos" por lo que se cree que querían realizar un "autoatentado" para culpar a Camacho, Cuéllar y Calvo para luego "justificar su detención".

Además, este viernes se reportaron protestas ciudadanas en las puertas del INE en La Paz y en la central Cochabamba en favor del censo en 2023.

Santa Cruz lidera desde el pasado 22 de octubre un paro con el objetivo de que el censo poblacional se efectúe en 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en los que están previstos los comicios presidenciales.

Inicialmente, el empadronamiento se fijó para este mes, pero en julio pasado el Gobierno lo postergó para 2024 bajo el argumento de problemas técnicos y la necesidad de conseguir "datos de calidad" mediante la "despolitización" del proceso.

Santa Cruz tendrá un cabildo el próximo domingo para definir si se mantienen o se levantan las medidas de presión.