Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 29 de octubre de 2020
  • Actualizado 19:04

LAS DOS NORMAS ESTÁN PARALIZADAS Y GENERAN CONTROVERSIA

Gobierno frena ley de atención en clínicas privadas y Asamblea busca viabilizar créditos

La consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional y el condicionamiento de no revisar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) afectan a la población, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, explica el envío de la norma al TCP. APG
El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, explica el envío de la norma al TCP. APG
Gobierno frena ley de atención en clínicas privadas y Asamblea busca viabilizar créditos

El Gobierno vuelve a frenar una ley que envía la Asamblea Legislativa Plurinacional para su promulgación. La primera fue para promover la donación de plasma y esta vez es la norma que obliga a las clínicas privadas a recibir a pacientes con coronavirus COVID-19.

La relación entre estos dos poderes es tensa y genera roces permanentes. El más fuerte fue por la aprobación de los créditos internacionales para encarar la crisis sanitaria por la pandemia. La presidenta Jeanine Áñez cuestionó que la Asamblea, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), “por intereses políticos” bloquee estos recursos que servirán para entregar el Bono Salud de 500 bolivianos que anunció hace más de 10 días.

En busca de una solución, el Gobierno convocó el lunes a una reunión a los asambleístas, sin embargo la misma no se realizó por acusaciones mutuas de incumplir medidas de bioseguridad.

Ayer, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados invitó formalmente al Gobierno a una reunión técnica, a realizarse el 3 de agosto en la Asamblea Legislativa, con el fin de tratar tres proyectos de ley sobre créditos internacionales y excluye el más polémico, el del FMI. La convocatoria fue aceptada por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

CONSTITUCIONALIDAD

El Gobierno envió ayer al TCP una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que dispone la obligación de que las clínicas privadas atiendan pacientes con coronavirus COVID-19.

"Hemos elevado esta consulta sobre la constitucionalidad de esta ley, porque no podemos seguir permitiendo de que se emanen leyes que no solo van contra la Constitución Política del Estado e implican una serie de gastos para el Tesoro General de la Nación (TGN)", afirmó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.

Ante esto, la autoridad afirmó que el parágrafo cuarto, del artículo 321, de la Carta Magna establece que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Asimismo, indicó que cuando la propuesta normativa no es una iniciativa del Ejecutivo o el Legislativo debe realizar una consulta previa sobre la norma, lo cual no se efectuó.

OBSERVACIONES

El 8 de julio, el proyecto de ley extraordinario para garantizar la atención y el tratamiento por parte del subsector privado de salud, durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, fue sancionado por la Cámara de Senadores y remitida al Ejecutivo para su promulgación.

La norma señala que los establecimientos médicos particulares, en todos sus niveles, "deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público", para ser diagnosticadas o tratadas por el COVID-19.

También establece que el Gobierno deberá devolver los "costos mínimos" a los centros médicos privados por los servicios de diagnóstico, atención y tratamiento.

Al respecto, el Viceministro afirmó que el proyecto de ley tiene varias "contradicciones de forma y fondo", lo que en su criterio demuestra un desconocimiento en el manejo de las leyes, la Constitución y los términos técnicos sobre el funcionamiento de las clínicas privadas.

Delgado explicó que una de las contradicciones está referida a que los fondos para ese beneficio provendrán de los créditos y donaciones externas, lo cual es inviable tomando en cuenta que la Asamblea paralizó la aprobación de los préstamos destinados a la lucha contra el coronavirus.

"No creemos que esto (el proyecto de ley) se realizó por ignorancia, (sino) que se tiene una intencionalidad política de bloqueo que muestra, una vez más, la inconsciencia de la Asamblea", aseguró la autoridad.

En tanto, el Viceministro aclaró que no se oponen a que los pacientes con el virus puedan recibir atención en las clínicas privadas, porque es responsabilidad de todos.

Por ello, la autoridad mencionó que se ha conversado con las clínicas privadas para que se pueda disponer entre el 30% y el 50% de su capacidad instalada para atender a los enfermos con coronavirus.

"Estamos haciendo esta consulta, porque si esa ley se emite se tendrá una serie de problemas jurídicos y económicos", anticipó Delgado.

ILEGALIDAD

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, cuestionó que el Gobierno haya decidido enviar al TCP las leyes sancionadas “para favorecer al pueblo boliviano”.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Copa aseguró que el Gobierno vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Procesal Constitucional con sus consultas previas al TCP “sin tener legitimación activa” para ello.

“El Órgano Ejecutivo en directa vulneración de la Constitución y el Código Procesal Constitucional presenta consultas previas de diferentes leyes sancionadas por la Asamblea sin tener legitimación activa, su único fin es dilatar la puesta en vigencia de leyes que favorecen al pueblo boliviano”, señaló.

En esa misma línea, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar reprochó la decisión del Gobierno transitorio de enviar en consulta al TCP ambas leyes y cuestionó si al Gobierno realmente le importa la salud.

REUNIÓN POR RECURSOS

Por otro lado, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, envió una carta oficial de respuesta a la diputada Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, confirmando la asistencia de técnicos y autoridades.

Horas antes, Choque, mediante otra misiva dirigida al ministro Núñez, convocó al Ejecutivo "a una reunión estrictamente técnica, respecto a los proyectos de Ley 689, 730 y 731 a llevarse a efecto el día lunes 3 de agosto, a horas 08:30, en las instalaciones de la Comisión de Planificación".

La primera norma se refiere a un financiamiento de 54 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM) y un préstamo de hasta 200 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, también del BM. La segunda es para un préstamo de hasta 350 millones de dólares con la Cooperación Andina de Fomento y el tercero es por hasta 450 millones de dólares del Bando Interamericano de Desarrollo (BID).

En la invitación a la reunión no se menciona el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327 millones de dólares.

El MAS ya expresó su rechazo a ese convenio, dado que considera que implicará aplicar medidas como la dolarización, aunque el organismo y el Gobierno negaron que haya condiciones. Desde el Gobierno aclararon que no tiene condicionamientos de política monetaria o cambiaria y se requieren estos recursos para fortalecer la lucha contra la pandemia de COVID-19, reactivar la economía del país y pagar nuevos bonos.