Luego de iniciarse el juicio por el caso denominado “golpe de Estado II”, el Gobierno y la defensa de Jeanine Añez expresaron sus observaciones sobre cómo se desarrolló la audiencia. 

El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, señaló que existe una obstaculización de la parte acusada, mientras que el abogado de Añez, Luis Guillén, afirmó que hubo irregularidades relacionadas a la limitación al derecho a la defensa.

“Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones”, dice un comunicado del Ministerio de Justicia.

Asimismo, el Ministerio exhortó a la parte acusada a “enmarcarse en el debido proceso, con relación al derecho a la defensa y en compatibilidad con el derecho del pueblo boliviano a una decisión justa, transparente y oportuna”.

Advirtió que la interrupción de un juicio por razones injustificadas se constituye en delito de retardación de justicia que debe ser evitado por las partes involucrados en cada caso.

De la parte acusada, el abogado Guillén señaló como primera irregularidad que la modalidad de la audiencia, realizada en forma virtual, no asegura que este juicio se lleve adecuadamente y genera una situación problemática para el tribunal.

La audiencia se caracterizó por las constantes interrupciones de parte de diferentes abogados y falta de organización, tomando en cuenta que hay decenas de testigos que se conectaron para formar parte.

Guillén también observó que se estaría limitando el ejercicio de la defensa de la exmandataria, puesto que tiene cuatro abogados y sólo se está permitiendo que dos participen.

Consideró que existe una situación desigual, cuando la parte acusadora tiene ocho abogados (de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y Asamblea), mientras que Añez está limitada a tener dos para defenderla.

El abogado Guillén observó también que de manera arbitraria se haya empezado a restringir el ingreso de personas a la audiencia virtual, tomando en cuenta que el caso no está declarado en reserva.

“Esto lo han hecho de forma unilateral sin consultar a las partes, tomando esta decisión ellos sin ni siquiera informarnos que se estaba restringiendo el acceso a las partes. Han habido testigos que no han podido ingresar a esta audiencia, han habido medios de comunicación que querían seguir la misma que tampoco han podido ingresar”, agregó.

La audiencia fue suspendida hasta el 4 de abril, cuando se debe retomar para seguir adelante con el juicio.

En este caso, Añez está acusado por asumir la presidencia en 2019 presuntamente de manera irregular, puesto que –según la Fiscalía- no estaba habilitada para hacerlo. Los exjefes militares y de la Policía están sindicados por supuestamente colaborar con la asunción de la principal implicada.