Los aprehendidos por el Ministerio Público en el caso del presunto Golpe de Estado permanecen privados de libertad en condiciones de pleno apego a los estándares del debido proceso que establecen la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y tratados internacionales de Derechos Humanos.

El cumplimiento de estos requisitos ha sido recocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.

“Al respecto, la información aportada por el Estado da cuenta de que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, y según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con la representación técnica de confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de Defensa Público”, señala el documento de la CIDH.

Esa comisión también señala que la Fiscalía General “hizo público que las resoluciones de aprehensión fueron emitidas en atención a la ley y sin que se hayan vulnerado los derechos de las personas detenidas”.

PREVENCIÓN

De acuerdo con información de la Dirección de Régimen Penitenciario, los aprehendidos en este caso, han sido recibidos en los recintos con estrictas medidas de prevención como parte del Plan de Contención Frente al Coronavirus.

Según este protocolo, la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos ex colaboradores, Alvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán cumplen con un procedimiento que consta en una revisión médica permanente durante 14 días como mínimo.

El cuidado de 14 días se comenzó a aplicar durante la primera ola de la pandemia a pedido de los internos para evitar la propagación de la enfermedad.

En cuanto a la Señora Áñez, esa instancia ha establecido que en cuanto manifestó un cuadro de presión alta, el equipo médico a cargo de la vigilancia de internos la atendió rápidamente hasta que fue estabilizada.

La Dirección de Régimen Penitenciario verificó con la abogada de la interna y la representación de la Defensoría del Pueblo que no era necesario algún traslado a una clínica.

En ningún momento se han restringido los derechos a comunicación de los internos ni el contacto con sus abogados y se cumplen todos los pasos y requisitos de un debido proceso.