El Gobierno fija una posición frente a uno de los procesos penales que se le sigue a la expresidenta Jeanine Áñez, luego de conocerse la sentencia 052/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en busca de una condena inmediata.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el documento legal será incluido en el proceso contra la exmandataria por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, a denuncia de la exdiputada Lidia Patty. 

La otra denuncia por el caso denominado golpe de Estado es imputada por terrorismo, sedición y conspiración.

“Este fallo se presentará en ese caso y, definitivamente, la sentencia (penal), como lo habíamos señalado, debiera salir en un término inmediato, porque ya se ha agotado la presentación de la prueba”, dijo, citado por ERBOL.

En esa línea, pidió que la justicia ordinaria actúe pronto, se entable el juicio oral y se tenga este año, “lo más pronto posible”, una sentencia penal en el marco del debido proceso.

La anterior semana, el ministro Lima manifestó que espera una condena de 12 años de cárcel contra Añez en este 2021.

El fallo del TCP no menciona a la expresidenta, pero en criterio del Gobierno declararía inconstitucional la sucesión de 2019 porque establece que no se puede usar el mecanismo Ipso Facto en las cámaras legislativas en caso de renuncia de sus autoridades y que las dimisiones por redes sociales no son válidas. 

UNA CARTA

La exmandataria, que se encuentra detenida desde marzo, debe permanecer tras las rejas hasta el próximo año, mientras se desarrollan las investigaciones.

Desde su encierro, escribió una carta dirigida al presidente Luis Arce Catacora en la que se declara rea del odio y calificó como absurdo e inconcebible que el Gobierno desconozca su mandato, cuando en 2019, el TCP y la Asamblea Legislativa la reconocieron como primera autoridad de Estado.

A su vez, denuncia "abuso de autoridad", sostiene su inocencia y le pide asumir su defensa en libertad.

“No soy rea más que de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada característica de los regímenes totalitarios”, se lee en la misiva que se compartió en la cuenta de Twitter de la exmandataria.  

Continúa señalando que, en estos 7 meses, desde las dependencias del Gobierno, le atacan y torturan a diario, negándole el ejercicio de sus derechos fundamentales y privándole de su libertad de manera abusiva e injusta. 

“Siete meses de una mal llamada detención preventiva porque sin ni una sola prueba en mi contra ni una sola prueba de los delitos inventados, me mantiene prisionera negándome todas las garantías descritas en la Constitución”, denunció.

Mencionó que su mandato estuvo en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución respecto a la sucesión constitucional y refrendado por la declaración constitucional plurinacional 001/2020 emitida por el TCP el 15 de enero de 2020 y la Ley 1270 de 20 de enero de 2020 mediante el cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por parlamentarios de su partido, “ratificó la constitucionalidad”.