El Gobierno advirtió este lunes que las medidas de presión como un paro nacional el 11 de octubre, alentado por políticos de oposición, activistas y cívicos buscan afectar a la economía del país y a la administración del presidente Luis Arce.

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, diferentes representantes como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidente Jeanine Añez; entre otros, decidieron sumarse a las medidas de presión convocado por gremiales en contra de la ley de legitimación de ganancias ilícitas.

Para el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, las movilizaciones anunciadas solo son para "destruir" el trabajo de reconstrucción de la economía del país que se viene impulsando desde el Ejecutivo tras las cuarentenas por el coronavirus dictadas en la pasada gestión.

"Siempre intentan sabotear el trabajo que estamos haciendo, esperamos que la población reflexione. Este paro cívico le va a hacer un tremendo daño al país", afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

El denominado "bloque de unidad" decidió exigir al Gobierno que cese la persecución y la vulneración de derechos mediante el uso del Órgano Judicial y la Fiscalía en contra de políticos de oposición, además que se de libertad a los presos políticos.

El titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo a la Red Uno que con un paro cívico a Bolivia le genera al país al menos $us 150.000 en pérdidas económicas por día.

"Imagínese lo que tiene que vivir aquel taxista, aquella persona gremialista que se gana el pan de cada día y que junta un poco de recursos para pagar sus créditos y que le digan: señora, usted no puede trabajar", cuestionó.

Novillo sostuvo que con las medidas de presión anunciadas se buscará desestabilizar al Gobierno y presionar para "tranzar" por las muertes suscitadas durante la crisis de 2019.

En tanto que Del Castillo dijo que el  "grupo minúsculo de personas" que se reunió este lunes en la capital cruceña solo les interesa los apetitos personales y no así los "intereses del pueblo boliviano".

La autoridad garantizó el derecho a la locomoción de las personas que no deseen acatar la medida de presión anunciada por el denominado bloque de unidad que se decidió conformar en el encuentro.