Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 26 de septiembre de 2021
  • Actualizado 11:01

Gobierno abroga decretos que autorizaban uso de semillas transgénicas en cinco cultivos

El artículo 409 de la Constitución señala que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley y no por un decreto supremo tal como hizo Jeanine Añez.
Imagen referencial de un cultivo de elote/choclo. Erbol
Imagen referencial de un cultivo de elote/choclo. Erbol
Gobierno abroga decretos que autorizaban uso de semillas transgénicas en cinco cultivos

El Gobierno abrogó hoy tres decretos supremos de la gestión de Jeanine Añez que aceleraban, a través del Comité Nacional de Bioseguridad, la aplicación de procedimientos abreviados sobre el uso de semillas transgénicas en el cultivo de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos.

Los decretos abrogados son el 4232 de 7 de mayo 2020; el 4238 de 14 de mayo de 2020 y 4348 de 22 de septiembre de 2020. Este último disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al Estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, realizado por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF.

El decreto abrogatorio 4490 de este 21 de abril señala que el DS 4348 promulgado por la gestión de Añez contraviene el principio de seguridad y soberanía alimentaria y la reserva legal, en cuanto a la producción, importación y comercialización de transgénicos, establecido en la Constitución Política del Estado.

Indica que el artículo 409 de la Constitución señala que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley y no por un decreto supremo tal como hizo Jeanine Añez, afectando de esa manera la seguridad y soberanía alimentaria, así como los derechos de los componentes de la Madre Tierra.

Añez intentó que en un plazo de 40 días se apruebe el procedimiento abreviado, amparada en el parágrafo II del artículo 406 de la Constitución Política del Estado que habla sobre la responsabilidad del Estado de promover y fortalecer las organizaciones económicas, y también en el artículo 407 del sobre la necesidad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.