Bolivia revivirá los sucesos ocurridos en 2019. 

En marzo, el Estado deberá informar sobre los hechos registrados y responder por los avances en las acciones asumidas en favor de las víctimas.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) conocerá de primera mano, este 2 de marzo, la información que fue recolectada en ocho meses por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El documento preliminar en el que se establece graves vulneraciones a los derechos humanos, masacres, torturas, detenciones ilegales durante la crisis de 2019, con el saldo de 37 muertos y centenares de heridos, se presentó en Bolivia el 17 de agosto de 2021.

A su vez, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará en marzo para hacer seguimiento al cumplimiento de las 36 recomendaciones que dejó el GIEI en 2021 y las 16 de este grupo de profesionales que emitió su informe el 10 de diciembre de 2019.

LOS HECHOS Para el GIEI lo ocurrido en 2019 involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales entre los que se encuentran la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) por el uso de la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, “dejando desprotegidos a los ciudadanos”, según sus conclusiones. También señala a particulares por promover y protagonizar actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.

A su vez, reporta que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que los enfrentamientos y agresiones violentas no ocurrieron de modo inesperado, sino que fueron precedidas por discursos antagónicos.

Por otro lado, advierte que las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y se pretendió usarlas como factor de exclusión de los espacios institucionales a través de la violencia racista, principalmente en contra de las mujeres indígenas. La CIDH vio “con extrema preocupación” la polarización, la hostilidad y el odio traducido en discriminación, intolerancia y racismo”.

En otro punto, la Comisión observa el Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y servicios de salud para las familias de las víctimas mortales y los heridos durante la crisis sociopolítica, y dispone que una vez pagada tal indemnización, los familiares de las víctimas “tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional”.

RECOMENDACIONES Los informes del GIEI y la CIDH tienen tres coincidencias referidas a la justicia, la prensa y las protestas.

Con base en sus observaciones, la CIDH recomendó crear un mecanismo de investigación internacional para asegurar el derecho a la verdad e identificar a los responsables. Se refirió al GIEI, organismo que en su informe final recomendó al Estado, entre otros puntos, asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas.

En otro punto, la comisión interamericana aboga por el respeto y la garantía para el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política.

Con respecto a la independencia de los medios, señaló que el Estado debe garantizarla y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura. A su vez, sugirió garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en sus derechos.

El GIEI señaló también que para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística es necesario reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales.

El punto 27 del documento dice: “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.

Finalmente, la CIDH pidió asegurar que los operativos de seguridad con respecto a las protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza. A su vez, tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armadas de las protestas sociales.

Entre tanto, la GIEI sugirió algunas medidas frente a los conflictos sociales. Indicó que se debe adecuar normas, procedimientos y estructuras, además de crear un mecanismo independiente, dentro de la estructura del Estado, que monitoree el uso de la fuerza y adoptar protocolos y normas precisas, integrales y transparentes. También adoptar protocolos, normativas y cualquier regulación de actuación que ordenen priorizar las negociaciones.

OTRAS RECOMENDACIONES El GIEI planteó adoptar un plan de atención y reparación integral, así como la realización de un censo.

La recomendación 3 del grupo de expertos hace referencia a la promoción de actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos.

Asimismo, pide “apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar las memorias de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos”.

A los administradores de justicia les sugirieron investigar, “de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas”, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados. También pidieron no dejar que la iniciativa o la carga probatoria recaiga en las víctimas, sus familiares o sus representantes.

Al Ministerio Público le instó a conformar, con apoyo de la cooperación internacional grupos de trabajo especializados y fiscales de carrera que además incluyan los casos de violación sexual y otros por razón de género.

Otras recomendaciones son adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, además de tortura, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales.

En el marco de la colaboración, sugirió que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al órgano judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, eje­cución y evaluación de los operativos realizados.

En otro punto, ven necesario garantizar la independencia del sistema de justicia y que autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre las investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios.

En otro punto, sugirió “cesar la práctica de contratación en régimen provisional” y seleccionar mediante convocatorias públicas y procesos transparentes e independientes, además de la autonomía de los cuerpos periciales.

En salud, instó a garantizar el acceso sin discriminación y protección al personal profesional.

Más abajo recomendó realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación; crear sistemas de alerta temprana para prevenir, atender y resolver conflictos que involucren al Estado y a los diferentes actores de la sociedad civil; y desarrollar una política educativa que proyecte una Bolivia pluricultural y plurinacional, alentando el respeto al otro, el diálogo y la concertación para la paz.

Finalmente, se refirió a la necesidad de crear e implementar un mecanismo de seguimiento nacional a las recomendaciones y se dirigió a la CIDH en esa misma línea, logrando identificar los resultados obtenidos “para asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación”.

LA CIDH Una de las recomendaciones se refirió a que es necesario desmantelar los grupos armados particulares que ejercieron violencia contra la población civil y establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus familias.

A su vez, recomendó sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados en 2019, que servirá para la reparación de los perjuicios causados y la atención integral sin costo adicional.

Asimismo, está el entregar salvoconductos a los asilados en las embajadas de México y Argentina; fortalecer la Defensoría del Pueblo; y realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones de entonces, respetando las garantías del debido proceso, así como dar protección a quienes testificaron.

En otro punto, considera necesario conducir desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo y reconciliación e instalar un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos en Bolivia.

El último punto es llamar a la CIDH a hacer una “visita in loco” para ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país.

Evaluación de las víctimas de masacres

A dos años de las masacres de Senkata y Sacaba, poco se hizo para cumplir con las recomendaciones.

Las víctimas, organizadas en una asociación nacional, denunciaron varias veces el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno para su atención y posterior reparación integral.

El activista de Derechos Humanos de El Alto y representante de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, David Inca, explicó las recomendaciones, en términos de diplomacia, son de cumplimiento obligatorio del Estado. Esa es la parte vinculante, tomando en cuenta que Bolivia forma parte de los acuerdos por los derechos humanos.

Explicó que solo una de las 16 recomendaciones de la CIDH fue cumplida por el Estado y es la conformación de la GIEI.

Con respecto al informe de este grupo interdisciplinario, dijo que el Gobierno cumplió la recomendación sobre las normativas legales vigentes en el país y el jueves 21 de octubre del 2021, la Asamblea Legislativa Plurinacional derogó por mayoría de votos el Decreto Presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

En febrero, el MAS aprobó la ley para beneficiar a más de mil simpatizantes del partido en función de Gobierno calificados como perseguidos políticos durante el gobierno de Jeanine Áñez y al expresidente Evo Morales.

Por otro lado, está la implementación del Decreto Supremo (DS) 4100 que autoriza la indemnización a los familiares de las personas fallecidas de Bs 50.000 y cubrir los gastos de atención médica de los heridos producto de los actos violentos de 2019, y sus modificaciones por los decretos 4176 y 4340 y su implementación. Además, se disponía de la transferencia en especie por un valor de 500 bolivianos, por el periodo de 12 meses a un representante de la persona fallecida y a cada persona herida; cupos de acceso directo a las unidades educativas fiscales y becas de estudio en las universidades privadas o institutos tecnológicos; y el acceso con prioridad a la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

También está la Resolución Ministerial 429 para el otorgamiento de ayuda social humanitaria. Sin embargo, según Inca, está observada porque como requisito se pide el expediente clínico de las víctimas.

Entre tanto, el 20 de enero de 2021 se suscribió un acta de compromiso entre varios ministros de Estado con los represen­tantes de las víctimas de Senkata que integran la Asociación de Viudas(os), Huérfanos(as), Heridos(as) “Víctimas de la Masacre de Senkata”.

En reiteradas oportunidades reclamaron por la politización de su pedido y desvío al caso denominado golpe de estado e intentos de división. Ven falta de celeridad en las investigaciones, pese a las recomendaciones del GIEI y se enfocan en acudir a organismos internacionales.

Inca explicó que ahora están enfocados en avanzar en la aprobación de una ley para el plan integral de reparación y ayuda a las familias.