Jeanine Áñez cumplió ayer un mes como presidenta interina de Bolivia, un país que camina sobre cristales al haber cesado, al menos por ahora, las manifestaciones callejeras y la violencia, pero con una tensión política persistente.

Tras dos días en los que Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder, Áñez asumió el 12 de noviembre la Presidencia interina al activar como senadora el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo con la renuncia de Evo Morales y de todos los que constitucionalmente estaban habilitados para reemplazarlo.

Ese mismo día, el Tribunal Constitucional boliviano explicó que aunque Áñez no tuviera el quórum necesario en el Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Morales, está respaldada por una interpretación del texto constitucional para casos de vacío de poder.

La Presidenta interina no ha sido reconocida por algunos Gobiernos que califican la renuncia de Morales como un golpe de Estado, frente a otros que sí la aceptan y otra parte de la comunidad internacional que ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

PAÑOS FRÍOS A la vez que intentaba organizar el Gobierno transitorio, lo primero que tuvo que resolver Áñez fueron las protestas desatadas tras la salida de Morales, que incluyeron manifestaciones callejeras y bloqueos de carreteras que derivaron en el desabastecimiento de combustibles y alimentos en ciudades.

El Ejecutivo interino finalmente logró, mediante un diálogo propiciado por entidades como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica, un acuerdo con sectores afines a Morales que permitió el levantamiento progresivo de las medidas de presión.

También pudo ponerse de acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales en el Legislativo para aprobar la ley que anuló la votación del 20 de octubre y fijó 120 días para la celebración de nuevos comicios.

Evo Morales había declarado vencedor en los comicios de octubre luego anulados, entre denuncias de fraude electoral.

Ese plazo correrá una vez que el Parlamento concluya el proceso de selección de los nuevos integrantes del órgano electoral, que deberán elaborar el calendario electoral.

La mayor sombra sobre el Gobierno de Áñez son las muertes en las ciudades de Sacaba y El Alto, que la Defensoría del Pueblo ha cifrado en una veintena.