Desde la Fiscalía General del Estado informaron ayer que las investigaciones por el caso denominado Fondo Indígena continúan pese a la muerte del exdirector Marco Antonio Aramayo y que existen 59 procesos activos, de los cuales 31 se encuentran con acusaciones formales y listos para juicio oral.

Si bien la causa contra Aramayo y sus tres sentencias condenatorias se extinguen, continúan contra el resto de los investigados, cuya cantidad  deja contradicciones entre los mismos representantes del Ministerio Público.

Entre tanto, según Brújula Digital, la primera directora del Fondo Indígena, Elvira Parra, atraviesa el mismo “calvario” que su sucesor, quien murió el martes tras permanecer siete años en la cárcel y, según su defensa, con más de 200 procesos en contra. 

Parra lleva el mismo tiempo presa y carga 180 procesos en su contra. Su salud también se deterioró a causa del encierro y se negó a inculparse para gozar de ciertos beneficios.

Tiene denuncias desde 2015 por supuestos contratos lesivos al Estado. Fue encarcelada ese mismo año. Tampoco aceptó declararse culpable e ir a un juicio abreviado, pero tiene sentencias y 17 cautelados.

LOS CASOS El Secretario General de la Fiscalía, Edwin Quispe, explicó que Aramayo tenía una sentencia de ocho años de reclusión que debía cumplir en Tarija, otra por cinco años en Santa Cruz y una tercera por tres años y cuatro meses en oruro por delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Negó que haya más de 200 procesos en su contra a tiempo de informar que el Ministerio Público tiene un registro de 95, de los cuáles 36 fueron cerrados (34 con rechazo y dos con sobreseimiento), lo que quiere decir que son 59 activos y de estos 31 en etapa de juicio con lo que descalificó cualquier situación de presunto favorecimiento a la impunidad.

“En etapa preliminar y preparatoria, el Ministerio Público tiene 24 procesos, que son procesos complejos porque son delitos que tienen bastante contenido financiero y económico, por lo tanto, se deben hacer pericias y estudios minuciosos en cuanto a la forma del manejo económico que se tuvo”, explicó.

Recordó que en esta misma situación de detención preventiva se encontraba la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y otras personalidades como el actual Gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. 

“De los 59 procesos, más o menos, tenemos por cada uno un promedio de tres a cuatro personas involucradas y todas están siendo sujetos a control jurisdiccional”, aseguró.

Estimó que son más de 150 ciudadanos que estarán dentro de los procesos. Sin embargo, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, citado por ERBOL, explicó que hay 400 implicados, muchos de ellos que no fueron habidos. Atribuyó la demora a que no se puede juzgar a las personas en rebeldía. También negó que existan 250 procesos contra Aramayo y que solo son 96 en su contra.

TORTURA El Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) reveló que Aramayo  sufrió “vulneraciones a sus derechos fundamentales”.

Rememoró que hubo “castigo inmediato” cuando respondía a acusaciones de las autoridades o señalaba a funcionarios como responsables. Se sumó amenazas de muerte de desconocidos, filas de jueces y fiscales en el penal para incrementar las denuncias. A su vez, se responsabilizó a la Policía por mantenerlo enmanillado, sin agua, ni alimento, golpeado, insultado y humillado, lo que representa tortura biológica y psicológica.

Control La Fiscalía General niega retardación, pero dispuso revisión y seguimiento de los procesos para activar el régimen disciplinario.