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  • Diario Digital | jueves, 02 de febrero de 2023
  • Actualizado 12:36

EL MONTO EQUIVALE A BS 6.5 MILLONES Y NI SIQUIERA ALCANZA AL 1% DEL TOTAL

Fondo Indígena: 2 dirigentes y 9 comunidades devolvieron dinero

Damián Condori y Juanita Ancieta, además del representante legal de Central Linares (Tarija), según reportes oficiales en 2016, gestionaron la entrega y hasta 2019 se recuperó Bs 23 millones.   
Los exdirigentes Juanita Ancieta, Felipa Huenca, Damián Condori, Hilarión Mamani y Jorge Choque (arriba). Felipa Merino, Lidia Patty, Rodolfo Machaca, Melva Hurtado y Julia Ramos (abajo).       ARCHIVO
Los exdirigentes Juanita Ancieta, Felipa Huenca, Damián Condori, Hilarión Mamani y Jorge Choque (arriba). Felipa Merino, Lidia Patty, Rodolfo Machaca, Melva Hurtado y Julia Ramos (abajo). ARCHIVO
Fondo Indígena: 2 dirigentes y 9 comunidades devolvieron dinero

Pasaron casi 10 años de la entrega de recursos a 8 organizaciones sociales del país para proyectos a través del Fondo Indígena, lo que provocó un escándalo de corrupción con un daño económico millonario, cuyo monto aún no fue precisado.

De acuerdo con los datos hechos públicos hasta ahora y registros de medios hasta 2016, solo se hicieron tres devoluciones parciales o totales de los montos que se asignaron. La suma da Bs 6.5 millones. 

Los recursos del Fondo Indígena correspondían al 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entregados a través del Tesoro General de la Nación (TGN).

Los exdirigentes Damián Condori, Juanita Ancieta y el representante legal de 9 comunidades, William Castillo, fueron quienes hicieron la devolución, en principio. 

Condori quien fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y actualmente Gobernador de Chuquisaca se identificó como disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Devolvió la suma de Bs 642.000. Tras su detención preventiva reveló que dirigentes del oficialismo le habrían planteado usar ese dinero en la campaña política, a lo que se opuso e hizo la devolución.

Ancieta quien fue ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina y actual asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), que estará los próximos días como gobernadora de Cochabamba, entregó Bs 5 millones que estaban destinados a diferentes proyectos, entre ellos el “apoyo a la comercialización y producción de productos agropecuarios e industriales mediante ferias comunitarias del productor al consumidor”.

Un informe de 2015 hecho público da cuenta que recibió Bs 9.130.814 en su cuenta personal, monto que estaba destinado para dos proyectos.

Entre tanto, Castillo, a nombre de los indígenas de la colonia José María Linares de Bermejo, en Tarija, como representante legal dejó Bs 857.062. El dinero que recibió estaba destinado a proyectos de dotación de abono orgánico para 9 comunidades, en favor de 50 familias.

El fiscal General del Estado de entonces, Ramiro Guerrero, advirtió que la devolución no significaba que estaban libres de culpa por lo que el proceso en su contra tendría que seguir.

El exdirector ejecutivo del Fondo Indígena y exdiputado Rafael Quispe fue más allá y señaló que al entregar el monto de dinero estaban admitiendo su culpa.

“A confesión de parte, relevo de prueba”, sentenció, sin embargo.

OTROS IMPLICADOS Jorge Choque Salomé, en 2015, fue aprehendido tras presentarse a declarar y obtuvo detención domiciliaria. Fue representante de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari y exsenador del MAS. Estuvo identificado como responsable legal de tres proyectos que no concluyeron. Recibió Bs 739.335 para proyecto de producción de forraje con semilla para las poblaciones Sica Sica, Collana y Ayo Ayo.

También fue procesado el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y disidente del MAS Adolfo Chávez. De la misma organización, fue acusada Melva Hurtado, quien estuvo en la cárcel entre 2015 y 2017 para luego salir con medidas sustitutivas. Fue acusada de recibir Bs 22 millones en 8 partidas diferentes. Se reveló que el dinero fue a dos cuentas personales.

En la lista de implicados está la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien recibió Bs 1.491.178 para ejecutar dos proyectos para la producción de miel y de tomate en la provincia Bautista Saavedra de La Paz, los cuales quedaron inconclusos. Admitió la recepción y se declaró víctima porque no se hizo un desembolso de al menos Bs 100.000 que ahora “me debe el Gobierno”.

También está Felipa Huanca, que representó a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz y actualmente es cónsul de Bolivia en Puno, Perú. La Fiscalía le acusó de recibir Bs 100.000 y cobrar comisiones para aprobar proyectos.

Se suma Hilarión Mamani, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kullasuyu (Conamaq), acusado de recibir Bs 600.000 en su cuenta personal; y Felipa Merino, de las Bartolinas, quien aparece como responsable legal de un proyecto de desarrollo productivo para la implementación de granjas porcinas comunitarias. Recibió Bs 348.564.

En 2016 fueron detenidas las exministras Julia Ramos y Nemesia Achacollo. La primera era la máxima autoridad de Desarrollo Rural, investigada por recibir Bs 98.000 en su cuenta personal.

La lista continúa con al menos cuatro exdirigentes del sector campesino, principalmente por una suma total de Bs 8.341.460. 

Los otros con denuncia y encarcelados fueron el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien falleció el martes; y la primera directora Elvira Parra, quien aún sigue presa y con más de 200 procesos en contra, además de una salud deteriorada. 

La Fiscalía tiene a una persona prófuga desde 2015. Se trata de Daniel Zapata, un exdirigente guaraní y también director del Fondo.

Los delitos que se investigan hasta ahora son contratos lesivos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

Cifras que evolucionan 

Aunque los datos sobre los recursos recuperados de las 8 organizaciones sociales por los proyectos no ejecutados no son precisos, se estima que hasta 2019 alcanzó a Bs 23 millones, que fueron devueltos sin necesidad de procesos legales. 

Sobre el daño económico se manejaron diferentes montos y cantidades de proyectos. 

El informe del exdirector del Fondo Indígena y exdiputado Rafael Quispe y la Fundación Pasos Kanki establecer una afectación al Estado de $us 182.7 millones (más de Bs 1.000 millones) en 1.032 proyectos, algunos inexistentes o “fantasmas” y cuyos montos fueron depositados a cuentas personales.

Con estos datos, el secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, citado en Correo del Sur, precisó que se recuperó el 0.8% (ni el 1%) del total de los fondos depositados a cuentas de los dirigentes de sectores sociales. Se estima unos Bs 9.7 millones ($us 1.4 millones) del total.

El monto fue creciendo. En 2015, la Interventora y después Liquidadora, Larissa Fuentes, se refirió a la recuperación de Bs 17 millones y un año más tarde, el director del Fondo Indígena, Eugenio Rojas, informó de la devolución de Bs 22 millones ($us 3.1 millones). 

En 2019, el director ejecutivo del Fondo Indígena, Braulio Yucra, informó que se recuperaron Bs 23 millones ($us 3.2 millones) que fueron devueltos de forma voluntaria sin necesidad de procesos legales. Explicó que se conoció del desembolso a cuentas privadas de exdirigentes de Bs 730 millones ($us 104.2 millones).

El frontis de las oficinas del Fondo Indígena en La Paz.        PÁgina Siete
El frontis de las oficinas del Fondo Indígena en La Paz. PÁgina Siete

Un patrimonio variable de 10 de los implicados

Al menos 10 exdirigentes fueron implicados en el desfalco al Fondo Indígena, tras recibir diferentes montos de dinero para la ejecución de proyectos. A lo largo de estos 7 años, después de destaparse estos hechos de corrupción, todos ellos ejercieron diferentes cargos en la administración pública y algunos continúan actualmente. 

En una revisión de su patrimonio, a través de su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, se puede evidenciar que sus bienes y rentas son escasos en muchos de los casos. Tres de ellos no tienen ningún registro.

La asambleísta Juanita Ancieta hizo su declaración el 29 de abril de 2021. En ese entonces declaró que tenía 6 bienes. Es la cantidad más elevada de entre todos al igual que el monto de sus activos y deudas que alcanzan a Bs 606.100 y Bs 167.009, respectivamente. No reporta ninguna renta.

La cónsul Felipa Huanca hizo su reporte el 22 de febrero de 2021 de dos bienes y activos por Bs 3.200. Su deuda es cero y su renta de Bs 7.722.

El gobernador de Chuquisaca Damián Condori tiene un solo bien inmueble; ningún activo; y Bs 70 mil de deuda. Tampoco reporta ninguna renta pasiva desde el 3 de mayo de 2021. Es el más austero, de acuerdo con estos datos.

El senador del MAS Hilarión Mamani es uno de los mejores acomodados, según su declaración del 16 de febrero de este año. Tiene tres bienes; Bs 153.359 en activos; una deuda de Bs 34.000; y su renta pasiva alcanza a Bs 67.896.   

El exsenador del MAS Jorge Choque, el 18 de noviembre hizo su última declaración jurada en la que no reporta bienes, ni activos ni deuda. Solo tiene una renta pasiva que es la más alta de entre todos los implicados. Alcanza a Bs 142.355.

La exsenadora del MAS Felipa Merino tuvo su última declaración el 4 de noviembre de 2020 cuando reportó tener 2 bienes, Bs 112.500 en activos; Bs 5.000 de deuda; y una renta pasiva de Bs 67.899. 

La exdiputada del MAS Lidia Patty, según su declaración jurada del 4 de noviembre de 2020, tiene un bien; Bs 104.100 en activos; y una deuda de Bs 7.000. Su renta pasiva también es alta y llega a Bs 90.200.

Después de estos siete, los siguientes dos, Rodolfo Machaca, quien fue viceministro de Interculturalidad; y Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural, no tienen ningún reporte de los últimos años en la Contraloría al igual que Melva Hurtado.

Sin embargo, de Ramos se tiene un reporte del 20 de abril de 2015, donde declaró un activo de Bs 636.205; un pasivo de Bs 92.560; un neto de Bs 543.645; y una deuda de Bs 195.000, esta última la más alta de todas. Es la que estuvo mejor acomodada económicamente.

En el caso de Nemesia Achacollo, quien ejerció la función pública entre 2004 y 2015, tampoco existe una declaración jurada reciente. Fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras y se encargó del Fondo Indígena.

Comenzó con un activo de Bs 35.000, sin pasivos y una renta de Bs 1.800. El último reporte, del 1 de septiembre de 2015, hace referencia a que tiene activos por Bs 676.980; pasivos por Bs 150.000; neto de Bs 526.980; y rentas por Bs 38.192.