La Fiscalía tiene esta semana el reto de encaminar cinco procesos que
tienen observaciones por las demoras y que causaron polémica en el país. Se trata de los casos conocidos como fraude electoral, bloqueos, estupro, audio y gases lacrimógenos.

1. CASO FRAUDE Desde el Gobierno denunciaron que los dos fiscales del caso fraude electoral obstaculizan el proceso de investigación. El ministro de la Presidenta, Yerko Núñez, citado por ABI, lamentó que a casi un año, no existe el esperado avance.

En criterio de la autoridad gubernamental, solo así se puede explicar que después del “monumental fraude", ni el expresidente Evo Morales ni el exvicepresidente Álvaro García Linera hayan sido convocados a declarar. Además, "no solo ellos (porque también) existe una lista de otras exautoridades sospechosas de ese bochornoso fraude que tampoco fueron llamadas a declarar" como los exministros Juan Ramón Quintana, Vilma Alanoca, Carlos Romero, Cesar Navarro, Héctor Arce, Javier Zabaleta o el exdirector de Agetic, Nicolás Laguna”.

Tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo "manipulación dolosa" en las elecciones; asimismo, la Unión Europea confirmó la existencia de irregularidades.

Las denuncias de presunto fraude electoral desataron una crisis política y social en defensa del voto, que derivó en la anulación de esos comicios y la renuncia de Morales.

Sin embargo, ahora, según Núñez, "llama la atención la información acerca de que los fiscales del caso intentarían llevar acabo otro peritaje, (pero) todos sabemos que esto solo dilataría aún más la investigación".

Por otra parte, dijo, se tiene conocimiento que las empresas de telefonía móvil ya proporcionaron el extracto de llamadas telefónicas de los sospechosos.

"Evo Morales y sus entonces ministros habrían realizado llamadas a quienes fungían como vocales del Tribunal Electoral, sin embargo, esta prueba tampoco fue anexada en el cuaderno de investigación. Entonces, nos preguntamos ¿acaso los fiscales intentan encubrir los hechos y dejar a los responsables en la impunidad?", insistió.

En ese sentido, incluso advirtió que esta situación puede significar "incumplimiento de deberes" y de no haber respuestas o avances en este caso será denunciado en las instancias que correspondan, pues debe haber transparencia y celeridad en el proceso.

2. CASO BLOQUEOS El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó, según ERBOL, que el Ministerio Público está a la espera que la Policía ejecute cinco órdenes de aprehensión y citaciones que emitió contra dirigentes y otras personas implicadas en los bloqueos de agosto reciente.

Anteriormente, el Fiscal General informó que la Fiscalía había recibido más de 30 denuncias respecto a hechos registrados durante los bloqueos. Durante ese tiempo, el Gobierno denunció que se impedía el paso de oxígeno medicinal, generando la muerte de decenas de personas que requerían ese insumo para su tratamiento médico.

Los bloqueos fueron convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) yorganizaciones sociales afines al MAS que rechazaban postergar elecciones hasta el 18 de octubre.

Lanchipa indicó que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, está entre las personas denunciadas y que cuenta con citación entregada a la Policía.

3. CASO AUDIO La Fiscalía convocó, mediante edicto, al expresidente para que preste su declaración, en un plazo de 10 días, por la denuncia interpuesta en su contra por los delitos de sedición y terrorismo por el caso audio, en el que se lo escucha instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra, cercar las ciudades para que no ingresen alimentos. 

El 6 de julio, la Fiscalía departamental de La Paz emitió la imputación formal en contra de Morales, por el caso audio-terrorismo y solicitó la detención preventiva de la exautoridad.

En noviembre de 2019, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo conocer un video en el que se observa al expresidente conversando, cuando estaba asilado en México, con el dirigente Yucra para instruirle "cercar las ciudades" y dejarlas sin alimentos.

Ese hecho se registró durante la crisis política social desatada en defensa del voto y la democracia, tras el presunto fraude electoral registrado en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, que derivó en la anulación de esos comicios y la renuncia de Morales.

Ante esto, la senadora Carmen Eva Gonzales (UD) presentó una denuncia contra el expresidente por los delitos de terrorismo, instigación, sedición y otros.

En la acción legal también se pidió investigar al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el exviceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada y a otras exautoridades.

4. CASO ESTUPRO La Fiscalía determinó ampliar por 60 días la investigación de la denuncia penal contra Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, a fin de dar con el paradero de la menor de edad, con la que se presume que la exautoridad tuvo un vínculo.

"Este caso está radicado en la Fiscalía departamental de Cochabamba y se ha solicitado la ampliación del plazo de investigación por 60 días, con el propósito de dar con el paradero de la víctima", informó Lanchipa.

La autoridad señaló que se debe contar con la declaración de la víctima sobre este hecho y así continuar con las respectivas investigaciones.

En ese marco, Lanchipa afirmó que la Fiscalía, en coordinación con la Policía, lleva adelante las diligencias para localizar a la persona afectada.

El 20 de agosto, el Ministerio de Justicia presentó una querella penal contra Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, después de que se conoció que tuvo un vínculo con una de edad.

El proceso se activó luego que se conoció, a través de fotografías difundidas en redes sociales, que el expresidente, de 60 años, mantendría un vínculo con una joven, que actualmente tiene 19 años. No obstante, ese nexo habría iniciado hace cinco años, es decir, cuando ella tenía 14 años.

El artículo 309 del Código Penal establece que el delito de estupro se produce cuando existe un acceso carnal, mediante seducción o engaño con una persona de uno u otro sexo mayor de 14 y menor de 18 años. El delito prevé cárcel entre tres a seis años.

El 30 de agosto, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz informó que remitió a la Fiscalía una segunda denuncia por estupro contra el exmandatario, con el agravante de que una menor de 15 años pudo haber quedado en estado de gestación, producto de un supuesto abuso.

5. CASO GASES Para este miércoles, en el marco de las investigaciones del caso "gases lacrimógenos", la Fiscalía General del Estado recabará las declaraciones informativas del ejecutivo de la Empresa Cóndor, Paolo Amirin, vía cooperación de su similar de Brasil.

"Se tiene previsto la recepción de la declaración informativa del ejecutivo de la empresa que fue contratada para la dotación de equipos no letales y gases lacrimógenos. Vamos a tener la declaración a través de la cooperación jurídica internacional que solicitó la Fiscalía General de manera directa a la Fiscalía General del Brasil", dijo el Fiscal General.

Añadió que, mediante requerimientos y la cooperación jurídica internacional, también se solicitó a la Empresa Cóndor la remisión de toda la documentación referida al proceso de contratación para la adquisición de los gases lacrimógenos.

Por otro lado, la Comisión de Fiscales que investiga el caso realizó los requerimientos necesarios al Ministerio de Gobierno respecto al proceso de contratación, información que ya fue remitida al Ministerio Público y será evaluada por la Unidad de Auditoría Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

En junio, a través de documentos exhibidos por un medio de comunicación, se conoció que el Ministerio de Gobierno requirió a la empresa Cóndor en Brasil una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

Sin embargo, esa compra de manera directa quedó sin efecto porque se habría establecido contratar una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU para que haga esa adquisición por un costo de Bs 250 y Bs 270 por cada cartucho de gas lacrimógeno. El Estado pagó en total $us5.6 millones.