El fiscal Samuel Lima informó ayer que solicitará el flujo migratorio de la exministra de Comunicación, Gisela López, denunciada por la firma de contratos irregulares con la empresa Neurona que ocasionaron un daño económico al Estado de al menos 12 millones de bolivianos, reportó ABI.

La denuncia penal que instauró la Contraloría General del Estado (CGE) contra la exautoridad, quien se encuentra en Argentina según el Gobierno, fue admitida por el Ministerio Público, después de un análisis legal, y el caso fue sorteado al fiscal Lima.

"El Ministerio Público activó la persecución penal en contra de muchas personas y el informe de inicio de la investigación fue remitido al juez del control jurisdiccional", dijo a los periodistas. Añadió que pedirá los actuados para convocar a las 22 personas, además de López, que están implicadas en el caso.

La exministra es la principal sindicada por hechos de corrupción ocurridos entre 2017 y 2018, por eso la Fiscalía recurrirá a la cooperación internacional para dar con ella.

Dijo que los denunciados  serán convocados en calidad de sindicados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, peculado, contratos lesivos contra el Estado, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones y otros.