La Fiscalía de La Paz investiga un presunto daño económico por transacciones irregulares en la Gestora Pública de Seguridad Social que suman 43 millones de bolivianos. Por el caso ya hay un aprehendido.

El fiscal Johann Muñoz indicó que están implicados seis funcionarios de la Gestora, por realizar siete transacciones cuando en 2020 las mismas estaban prohibidas por la entidad estatal, según reflejó ERBOL.

Explicó que las transacciones son investigadas porque los funcionarios habrían adquirido los valores a un determinado precio, pero los vendieron en el mercado bursátil a un precio menor del catalogado.

Muñoz aclaró que aún se indaga el monto del daño económico que se habría producido de los 43 millones de bolivianos. Se hará la auditoría de cada caso.

El aprehendido era asistente de la gerencia de la Gestora. Está acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La fiscalía pidió su detención preventiva. 

DE LA GESTIÓN DE ÁÑEZ

La Gestora precisó, posteriormente, que las transacciones observadas corresponden al periodo entre marzo y agosto de 2020 y que los implicados habían sido contratados durante el gobierno de transición y ya no forman parte de la entidad.

La agencia estatal ABI informó más tarde que tras la denuncia de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo sobre la realización de siete transacciones irregulares que ocasionaron un posible daño económico de aproximadamente Bs 43 millones, el gerente de esa institución, Pablo Salazar, aclaró que los seis exfuncionarios implicados fueron contratados durante el gobierno "de facto" de Jeanine Áñez.

Según detalla un reporte de prensa, Salazar informó que luego de asumir el cargo en noviembre de 2020, instruyó la elaboración de una auditoria en la cual se identificaron indicios de responsabilidad de hechos irregulares cometidos a la Cartera de Inversiones del Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV), durante la gestión del gobierno de facto (entre marzo y agosto de 2020), dice ABI.

La autoridad aclaró también que esos hechos corresponden a operaciones de inversión irregulares y fuera del marco normativo de la Gestora y de la Ley 1178 que rige las actividades de los servidores públicos.

“Considerando que el FRUV es un fondo social cuyo principal objeto es el pago de la Renta Dignidad a personas mayores de 60 años, que en muchos casos es el único ingreso que perciben; con los 43 millones podrían haberse pagado la Renta Dignidad a más de 122.000 personas adultas mayores”, señaló.

Dijo que las operaciones de inversión irregulares, así como los indicios de la conducta antieconómica identificada, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para su investigación, y para no entorpecer la misma no es prudente mencionar los nombres de los seis exfuncionarios implicados.