Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, solicitaron al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, la información que lograron acumular en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre los casos Senkata (El Alto-La Paz) y Huayllani (Sacaba-Cochabamba).

Entre tanto, desde la Defensoría del Pueblo, su representante Nadia Cruz, puso en duda el trabajo de la Fiscalía, a través del IDIF.

“Los IDIF enfrentan deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal, al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinadas áreas”, puntualizó Cruz..

Dijo también que más del 50% de sus oficinas regionales carece de condiciones físicas, enfrenta falta de salubridad, comodidad y privacidad, además que el 43% no cuenta con un espacio de archivo.

En respuesta, el director nacional del IDIF, Andrés Flores, dijo que el informe “es totalmente sesgado y no refleja la realidad actual y los avances impulsados en los últimos años”.

La Comisión de la CIDH llegó el fin de semana al Trópico de Cochabamba, Sucre y Potosí para realizar sus indagaciones. En una semana en el país, ya tuvo reuniones con diferentes autoridades y entrevistas con familiares de víctimas. Su trabajo se extenderá por seis meses.