Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 20 de enero de 2021
  • Actualizado 08:03

Fiscal Lanchipa, casi un año en la mira por supuesta protección a Evo

La máxima autoridad del Ministerio Público estuvo envuelta en procesos por al menos 10 delitos desde la crisis postelectoral tras la renuncia del expresidente, pero ninguno prosperó.
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. APG
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. APG
Fiscal Lanchipa, casi un año en la mira por supuesta protección a Evo

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, en este último año, fue rodeado de denuncias por su supuesta relación de favoritismo con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el expresidente Evo Morales. Fueron observaciones en su contra, que derivaron en procesos penales por una decena de delitos.

Su accionar se mantiene en la mira y recientemente provocó protestas pidiendo su renuncia y aprehensión.

Los cívicos cruceños llegaron el martes hasta Sucre para hacer conocer su reclamo y anunciaron la presentación de cinco denuncias en contra de la autoridad por obstaculizar la justicia. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo, citado por Página Siete, que al ser un instrumento de Morales y que socapa acciones del expartido de Gobierno debe ser acusado por los presuntos delitos de terrorismo, legitimación de ganancias, trata y tráfico de personas y un conjunto de hechos delictivos.

El Ministerio Público condenó ayer las “actitudes de hostigamiento a la gestión del Fiscal General”.

“Se nota el interés de amedrentar y perseguir al Fiscal General, no entendemos cual el afán proselitista más que legal”, sostuvo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Aclaró que es falso que se esté abandonando o descuidando los procesos que tiene, mismos que siguen su curso. También dijo que no se está influyendo en la administración de justicia.

“Estas personas están mediatizando el trabajo del Ministerio Público, están pretendiendo politizar el trabajo de investigación y les insto a que si tienen algún interés en los procesos que aporten a la investigación y no perjudiquen hostigando”, enfatizó.

UNA DENUNCIA En agosto, otras plataformas ciudadanas acusaron a Lanchipa de paralizar al menos 152 denuncias como la del fraude electoral de 2019, encubrimiento de delitos e inacción ante crímenes de lesa humanidad por los últimos bloqueos, entre otros. Pidieron la renuncia irrevocable de la autoridad.

Desde la Fiscalía aseguran que no existe ningún proceso legal en contra de la autoridad y las observaciones se limitan a casos polémicos y las investigaciones contra exautoridades. Informaron que la única denuncia penal que estaba en trámite en la Fiscalía de Chuquisaca por supuesta manipulación informática fue archivada por el juzgado de acción de libertad en la ciudad de El Alto y remitidos sus obrados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se conminó a dejar de realizar persecución en contra del fiscal, informó Quispe, al asegurar que Lanchipa fue declarado como un perseguido político.

La denuncia fue interpuesta por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, por uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo con el fin de “manipular el sistema informático” a su favor cuando presidía el Tribunal de Justicia de La Paz, en 2018. Entonces también fue imputado en procesos por retardación de justicia y por incumplimiento de deberes, según reportó Página Siete. 

El Gobierno negó persecución política a la autoridad, pese a los conflictos registrados en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19. El ministro Arturo Murillo le pidió al fiscal que renuncia “si no tiene valor” de trabajar y “dé la cara” ante los casos de delincuencia y narcotráfico que se registran en el país.

LAS ACUSACIONES Para el abogado Eduardo León, citado por ABI, Lanchipa busca proteger a Morales por lo que retrasa "deliberadamente" los procesos de juicio de responsabilidades interpuestos ante la Asamblea Legislativa en febrero y en la Justicia por los delitos de terrorismo y sedición por haber instruido convulsionar al país mediante acciones de violencia y cercar las ciudades para impedir el ingreso de alimentos. Se refirió a la falta de gestiones para activar los sellos de Interpol. Asimismo, debió responder por las acciones de investigación sobre los hechos de 2019 de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

Al respecto, Lanchipa aseguró que el juicio que debe tener el expresidente debe ser ordinario y no de privilegios, debido a que los hechos que se investigan fueron luego de que renunciara a su cargo de mandatario.

En julio del año pasado, se involucró a la autoridad en el presunto hecho de tráfico de influencias develado a través del audio de una llamada realizada entre el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, y el juez de Beni Pedro Carvalho Ojopi, para favorecer un caso, lo cual fue rechazado entonces.

MALAGRADECIDO

La diputada del MAS, Juana Quispe, llamó malagradecido al Fiscal General cuando informaba sobre el proceso contra Morales por terrorismo y sedición.

APUNTES

·       Lanchipa comenzó su carrera profesional a los 37 años, cuando se desempeñó en el cargo de juez hasta 2007, año en que ejerce como vocal de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz y luego preside el Tribunal Constitucional.

·       En el 2013 obtuvo la titularidad de la Dirección Estratégica de Reinvindicación Marítima (Diremar) y fue apuntado como  uno de los responsables de la demanda marítima.

·       En 2017, asume como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ante la renuncia de Carmen del Río Quisbert.

·       Fue designado en 2018 como Fiscal General por la Asamblea Legislativa Plurinacional en sucesión de Mario Guerrero. Su gestión es de seis años.

·       La sesión fue accidentada y develó pugnas internas dentro del MAS.

·       En la primera votación solo obtuvo 103 de los 105 votos requeridos y después de un cuarto intermedio se le dio 116 votos de los 152 requeridos.

·       En ese entonces, ABI reportó que inicialmente fue inhabilitado pues tenía una imputación formal en su contra, pero presentó una acción de libertad para que la imputación sea anulada.

·       Desde el principio fue vinculado con el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce.