Cinco propuestas para la reforma judicial fueron planteadas por el equipo de nueve expertos constitucionalistas y el Ministerio de Justicia, que contemplan la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE), la misma que aún tiene divergencias.

De acuerdo con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, durante la jornada del miércoles se trabajó en un texto definitivo y hasta hoy, jueves, la Asamblea Legislativa poseerá el proyecto de Ley.

La primera propuesta es la de replantear el Consejo de la Magistratura. Según Siles, éste órgano no funcionó y tiene que ser “reemplazado, sustituido o modificado en su estructura”. 

La segunda propuesta contempla la elaboración de un plan a corto plazo en la reforma constitucional para incorporar un artículo que garantice la carrera judicial, la misma que será de carácter indefinido. Señaló que aún se trabaja en una posición de carácter homogéneo al respecto.

“De no ser posible, una de las alternativas, hemos presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de Carrera Judicial en la que se plantea la misma situación”, acotó.

También está la reducción del mandato de las altas autoridades judiciales, incluido el Fiscal General.

De acuerdo con Siles, la norma pretende que un juez no sea condicionado en el tiempo y sí en su evaluación del desempeño continuo y permanente. 

En opinión de los expertos, se debe cambiar la justicia a partir de las personas y se debe comenzar con nuevas autoridades judiciales, Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional.

“Si el juez tiene un buen desempeño, tanto en calidad, como en formación académica, buenos fallos, debe ir ascendiendo en la carrera. Un juez cautelar puede convertirse en un juez mixto, juez de instrucción o en un juez de materia civil, comercial o aspirar a vocal de una Sala o presidente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La única condición es su desempeño”, subrayó.

La cuarta propuesta es la modificación del presupuesto destinado a la Justicia, debido a que el porcentaje destinado no llega ni al 1% en relación a los otros países que superan el 7%.

Finalmente está la revisión de la elección por voto popular de las altas autoridades de justicia, tema que se encuentra en tela de juicio y hay divergencias con el ministro de Justicia, Iván Lima.

MODERNIZACIÓN

Entre tanto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, citado por ABI, convocó a la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Rocío Molina, y al titular de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz, para activar un comité que impulse la transformación y modernización de los servicios de Derechos Reales (DDRR). También se prevé convocar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras instituciones relacionadas con los registros catastrales para crear un sistema informático único en el país.

"En el marco de la Cumbre de Justicia estos días vamos activar el Comité de Derechos Reales con la finalidad de poder convocar al sistema asociativo municipal", informó.

El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor recordó que ese tema es una prioridad de la gestión del presidente Luis Arce, porque se enmarca en la restructuración del órgano Judicial para un efectivo servicio a la población y lucha contra actos de corrupción.