Impulsar una relación más fluida entre el Estado, el empresariado y los empleados, desarrollar el trabajo digno e incentivar la producción nacional para superar el extractivismo como fuente primaria de ingresos son algunos planteamientos que integran la propuesta para la reactivación de la industria manufacturera de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB).

El planteamiento fue presentado hace unos días en La Paz y plantea, entre otros asuntos, que al impulsar el empleo productivo y digno se incidirá en un mayor ingreso económico para los hogares y la economía del país. Para lograr esto es necesario repensar la relación entre empleados, empresas y Estado.

“Esta inclusión requiere, sin duda, de acordar objetivos comunes y concertar las metas y las acciones entre todos los actores sociales, políticos y económicos que participan en los procesos de creación de valor”, se lee en el documento de la CGTFB.

La Confederación también propone acciones de aplicación inmediata en tres niveles: en toda la industria manufacturera boliviana, en empresas de rubros que aportan al valor agregado y generación de empleo y en aquellas que se incorporen voluntariamente a una categoría de “empresas privadas con compromiso social”.

El planteamiento busca dejar atrás la relación “casi confrontacional” entre las empresas y el Estado y que en ocasiones deriva en alianzas entre dos partes sin tomar en cuenta al tercer actor “en función de coincidencias coyunturales en las visiones políticas o en los intereses corporativos”.

“Es decir, las relaciones entre los empleados, las empresas y el Estado (E3), están mediadas por afectos y desafectos vinculados a intereses de corto plazo, nunca a una visión compartida de desarrollo productivo, que es la condición sine qua non para que una sociedad pueda diseñar, adoptar y ejecutar estrategias viables de desarrollo”.

Además, la propuesta impulsa la necesidad de cambiar el patrón extractivista y emprender el camino de la diversificación productiva con el objetivo guía de una economía de “pleno empleo”, es un desafío que “conviene a todos”.

Sector manufacturero

Para el sector manufacturero el planteamiento se basa, entre otros aspectos, en la reducción o eliminación de los impuestos que se trasladan a los precios (como el IVA, el IT, ICE, entre otros), además de ajustar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas con alícuotas vinculadas al empleo, consumos intermedios de origen interno/externo, y a la participación de remuneraciones en el valor agregado.

Además, propone un tipo de cambio “pro-producción y empleo”, para disminuir la competencia desleal a la industria nacional y la reducción del “spread” (diferencia entre tasas de interés activas y pasivas) para créditos de inversión con líneas de financiamiento en moneda nacional.

Empresas con alta incidencia en empleo

Entre las medidas para las empresas que generan gran cantidad de empleos y valor agregado se propone implementar una figura de “gasto público directo” mediante contratos de compras del sector público.

La medida busca que el Gobierno impulse programas articulados a nivel nacional, departamental y municipal en salud, educación, defensa y medio ambiente para garantizar la demanda, por tres o más años, de la producción nacional en alimentos, confecciones, madera, turismo, entre otros rubros, bajo criterios de mejora permanente de calidad y productividad.

Además, se plantea ampliar los beneficios de los bonos a grupos vulnerables, mediante sistemas de billetera móvil para paquetes de productos de la industria nacional entregados a domicilio, o en puntos de entrega que permitan selecciones personalizadas de productos.

Empresas privadas con compromiso social

La propuesta de reactivación de la Confederación propone que aquellas firmas que se incorporen voluntariamente a la categoría de “empresas privadas con compromiso social” estén protegidas por normas específicas que les garanticen condiciones de estabilidad normativa a largo plazo, a cambio de transparencia contable en la gestión, y de equidad en la distribución del ingreso.

Entre las medidas para este sector se propone promulgar una Ley de Garantía de Estabilidad Normativa, que asegura a las compañías la vigencia por 10 años de las reglas de juego pactadas y en caso de que estas varíen se realicen incentivos y compensaciones.

Las empresas deberán suscribir un compromiso jurado de transparencia administrativa y confidencialidad, que también será para las instancias públicas que accedan a información empresarial.

La contabilidad deberá estar homologada de manera que el cálculo de los indicadores de productividad, valor agregado y distribución del ingreso sean transparentes y accesibles y las instancias involucradas.

Pasos próximos

La Confederación ahora busca consensuar sus propuestas con las empresas privadas, la Cámara Nacional de Industrias y sus filiales departamentales.

Una vez que se logre el consenso, las organizaciones laborales y empresariales convocarán a las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo para acordar una agenda compartida para la reactivación de la economía nacional en el marco de una “Estrategia para la diversificación productiva en una economía de pleno empleo”.

Panorama económico

La propuesta del sector está sustentada en un estudio que contempla una serie de indicadores que reflejan los números rojos de la economía nacional y el descenso considerable del empleo fabril en los últimos 10 años.

Esa caída, según el análisis del sector, se debe a la incapacidad estructural de la economía para crear oportunidades de empleo digno para todos y como consecuencia directa del modelo extractivista de la economía que, en 200 años de vida económica republicana “es el único rasgo estructural que no ha variado a pesar de todos los cambios pendulares en orientaciones políticas”, se lee en el planteamiento.

La precariedad del empleo y la baja productividad acentúan también la desigualdad en la distribución del ingreso, deprime los salarios y el consumo, y eleva el desempleo formal. “En general, mayor desigualdad implica bajas tasas de crecimiento y menor capacidad para mejorar los factores que determinan el bienestar, como la salud y la educación”.

Algunos datos

Hace 70 años, el PIB per cápita en Bolivia era comparable al promedio de América Latina, hoy es la cuarta parte.

El 63% de la población ocupada es no-asalariada y en gran mayoría se dedica al empleo informal.

Menos del 20% de la población económicamente activa está protegida por la Ley General del Trabajo, y la productividad laboral es la más baja del continente.

La economía extractivista genera relativamente poco empleo y, básicamente, depende de factores externos (demanda y precios) por lo que induce un tipo de crecimiento cuyas tasas y ritmos son muy variables, pero tienden a concentrar los ingresos y la riqueza.