Surge otro elemento en el caso de los gases lacrimógenos, causa que investiga la Fiscalía y por el que son señalados casi 20 exministros que acompañaron la gestión de Jeanine Áñez: ahora ha aparecido el nombre de la extitular de la cartera de Comunicación Roxana Lizárraga, quien habría sido la que se encargó de gestionar los agentes químicos por parte del vecino país del Ecuador, en 2019. Al menos, esto se desprende de la declaración que realizó el exministro de Desarrollo Rural y Tierras Mauricio Samuel Ordoñez, mismo que apuntó sobre la figura de Lizárraga en las aseveraciones que brindó de manera oficial y en calidad de testigo, de acuerdo con un documento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

Consultado sobre la presunta necesidad que tuvo el Gobierno, entonces, de viabilizar la adquisición de material no letal por parte de alguna nación limítrofe, Ordoñez detalló que todo sucedió en uno de los gabinetes más caldeados que tuvo el Ejecutivo, cuando la convulsión social era alta e incluso habían tomado trascendencia las protestas alrededor de la planta de Senkata, en La Paz.

El exministro acusó que su colega se retiró durante unos minutos de la reunión, que realizó una llamada telefónica y que luego avisó al equipo que había conseguido los gases lacrimógenos para que fueran dispuestos por la Policía y las Fuerzas Armadas, puesto que el país no contaba con el material.

Esto dijo Ordoñez, en la declaración de esta jornada: "En el gabinete donde se emiten los informes de inteligencia por parte del Ministerio de Gobierno y Defensa sobre las amenazas de explosión de la planta de gas de Senkata y también que estarían arribando mineros y diferentes organizaciones sociales al departamento de La Paz, es a raíz de este informe que la presidenta Jeanine Ánez consulta al alto mando militar y policial en qué condiciones se encontraba el tema de abastecimiento de material de protección y material no letal, los mismos que responden que se encuentran desabastecidos desde la gestión del presidente Evo Morales. De igual manera se consulta cuáles eran los tiempos para poder adquirirlos y si existían en el país proveedores de este tipo de material no letal, a lo que responden que podría tomar entre 10 y 20 días los procesos de adquisición, cumpliendo la normativa vigente".

"Hay un debate dentro del gabinete, donde muchos participan, los mismos que recomiendan que se agoten todas las instancias de diálogo para poder arribar a la pacificación de todo el país, a lo que el ministro de Gobierno Arturo Murillo cuestiona y dice que hay que intervenir porque, de cumplirse la amenaza de hacer volar la planta de Senkata, corría riesgo la vida de muchas personas, a lo que la exministra Roxana Lizárraga solicita salir del gabinete y se retira por un transcurso de unos 10 o 15 minutos. Retorna e informa a la Presidenta que ya había conseguido el material no letal antidisturbios en calidad de préstamo de un país amigo, Ecuador. La exministra Lizárraga consulta junto a la Presidenta sobre cuál era el requerimiento, salen a una sala alterna de gabinete el alto mando policial y militar, el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa y la señora Lizárraga, donde se elabora el requerimiento. Una vez retorna a la sala de gabinete, informan que ya había sido elaborado el requerimiento y que se debía enviar un avión de la Fuerza Aérea Boliviana lo antes posible para recoger el requerimiento. Desconozco con quién se comunicó la exministra Lizárraga, pero asumimos que ha tenido que ser una alta autoridad de Estado del Ecuador para que se pueda tomar ese tipo de decisiones", continuó la declaración de Ordoñez.

Por su parte, el exministro de Minería Fernando Huallpa fue directo contra Murillo y el extitular de Defensa Luis Fernando López, asegurando que ambos fueron los que ejecutaron los tres decretos en cuestión y no así el resto del Ejecutivo.