El jefe del MAS, Evo Morales, reveló este domingo que el camino del juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez fue tomado en una reunión política con presencia de los actuales mandatarios, miembros de la bancada del MAS y del Pacto de Unidad.

“Solo quiero comentarles, en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministro de la Presidencia, Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, afirmó durante un programa dominical que se transmitido por radio Kawsachum Coca.

“Qué yo entiendo en mi inocencia de no ser jurista. ¿Qué es juicio de responsabilidades? Que en la Asamblea se va a dar un debate político si la Añez es responsable o no es responsable, ya son decisiones políticas, hay dos tercios o no hay dos tercios. Pero después del fallo, ya no hay debate sobre el juicio de responsabilidades”, acotó.

El expresidente Evo Morales dijo este domingo que la sentencia de 10 años de cárcel contra Jeanine Áñez dentro del caso denominado "Golpe II" pone fin al debate sobre si hubo "golpe o fraude" en 2019, ratificando que la decisión del tribunal ratifica que la exmandataria habría asumido el mando del país de forma inconstitucional.

Morales señaló que “el deseo del pueblo era la máxima sanción”, pero que eso no es lo importante. “El fondo (de este caso) es que la justicia dice que hubo golpe de Estado. Áñez no respetó la Constitución. Hubo ruptura del orden constitucional. Eso es lo más importante, al margen de los años de sentencia”, señaló.

“Aquí terminó (el debate sobre) si hubo golpe o fraude. Está definido”, sentenció.

Ante la posibilidad de que Bolivia sea demandada ante la CIDH por ese caso, dijo que este organismo “tiene que respetar la soberanía jurídica de Bolivia” y agregó que, en algunos casos, como ocurrió con la “nacionalización” de los hidrocarburos, hay que ser “valientes”.

Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.