Un Estado quebrado; crisis de empleo; estructura de persecución; y donaciones y créditos internacionales cuestionados, es lo que dejó el gobierno de Jeanine Áñez a la nueva gestión de Luis Arce, que comenzó hace un mes.

La ministra de Gobierno, María Nela Prada, hizo una evaluación de este tiempo y emitió un informe en el que aseguró que “se comenzó a desmontar el andamiaje neoliberal que dejó en quiebra al Estado, producto del saqueo y la mala administración”.

Explicó que el país atraviesa una de las crisis económicas más profundas de la historia con un déficit fiscal que supera a la del periodo de hiperinflación de la UDP, en los años 80, “producto de las malas decisiones económicas”.

También lamentó la paralización de la inversión pública y la contracción de la inversión pública de 66%, lo que implica proyectos paralizados, obras sin concluir y sin empleos. 

A su vez, reveló que se constituyó una “estructura de persecución en la que unificaron todos los servicios de inteligencia de la policía, sembrando pruebas y armando casos judiciales, entre otras violaciones a los derechos humanos”. Se sumó la Dirección de Migración.

Dijo que se encontró 42 procesos penales iniciados injustificadamente por sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo, entre otros.

Finalmente adelantó que se investigará la totalidad de las donaciones captadas y las deudas internacionales asumidas ya que, en algunos casos, no existen registros en el Ministerio de Planificación del Desarrollo y en otros se vulneró la normativa de endeudamiento público.

“Se encuentran en proceso de revisión la totalidad de donaciones percibidas por el Estado boliviano durante el gobierno de Áñez, a objeto de transparentar a la población boliviana el destino de esos recursos”, dijo. 

Complementó que se están revisando 6 operaciones de endeudamiento externo que fueron devueltos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

“Se está reperfilando el endeudamiento externo en el marco de los intereses soberanos del Estado boliviano y de la independencia de la política económica, por tanto, se están revisando la totalidad de las operaciones de financiamiento externo suscritas durante el Gobierno de facto”, acotó.

A su vez, aseguró que el presidente Luis Arce recibió un país con una liquidez de solo 3.000 millones de bolivianos, pero con 1.500 millones de bolivianos en deuda "flotante", es decir que se debe pagar hasta antes de fin de año.