El Gobierno transitorio dispuso ayer una nueva medida en cuanto a los servicios básicos. A fin de intentar “atenuar” el golpe económico causado por el confinamiento y la paralización del mercado, determinó invertir 394 millones de bolivianos para abonar las facturas de electricidad y agua de 3.2 millones de usuarios del territorio.

El viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Antonio Leigue, explicó que el Estado Plurinacional se hará cargo del 100% de las boletas de luz y del 50% de las de agua potable de aquellos consumidores encasillados dentro de la categoría domiciliaria. Cabe aclarar que los que resulten favorecidos con el pago total de sus facturas eléctricas serán los que no se excedan de los 120 bolivianos. El resto, es decir, aquellos ciudadanos que superen esa cifra, deberán cancelar el monto por propia cuenta sin disminución alguna.

Ahora, bien, el tiempo que las familias pasan dentro de sus hogares durante la cuarentena tiende a maximizar la utilización de los servicios. A modo de ejemplo, vale citar lo acontecido en Santa Cruz. De acuerdo con consultas hechas por El Deber, solo en el ámbito regional, este mes notaron el aumento del 30% en las facturas de luz. “Sabemos que hubo mayor consumo, pero desconocemos cuánto será en cada uno de los domicilios. Estamos en ese proceso de medición", cita un fragmento de la nota del diario, con respecto a la afirmación hecha por Daniel Castro, encargado de Comunicación de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). 

La determinación del Gobierno estará vigente durante abril, mayo y junio. Leigue detalló: "Este beneficio tendrá un alcance para 2 millones de usuarios en el país, lo que equivale al 77% de los consumidores (de energía eléctrica). Para el agua, el alcance es para 1.2 millones (de los titulares)”.

A modo de desglose, al Estado le costará 282 millones cubrir los gastos de electricidad, monto que incluye el pago adicional por el alumbrado público y el recojo de desperdicios. Otros 112 millones saldrán de sus arcas para abonar el 50% de las facturas de agua, lo que hace un total de 394 millones.

“Quisiéramos llegar a la totalidad de consumidores. La idea es beneficiar a las familias de menores ingresos”, completó el vice interino.

El cumplimiento de la disposición será seguido por la Autoridad de Electricidad, que se asegurará de que ninguno de los servicios sufra algún corte durante los siguientes tres meses.