La Fiscalía informó este martes que dictámenes periciales en el caso respiradores españoles establecen que los equipos, comprados durante el gobierno anterior, no se pueden usar en unidades de ciudades intensivos y que su adquisición implicó un daño económico al Estado superior a los 15 millones de bolivianos.

En este caso se investiga la adquisición de 170 respiradores de la línea española Respira de la empresa GPA Innova, que fueron comprados a través del intermediario IME-Consulting.

“Como un primer resultado se tiene concluido el dictamen pericial de auditoría forense que establece la existencia de daño en desmedro del Tesoro General de la Nación, por tanto, en desmedro del conjunto de bolivianas y bolivianos. Este daño económico asciende a la suma de 15.495.230 bolivianos que será imputado a los responsables”, dijo el Secretario General de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Respecto a la pericia técnica de los equipos, Quispe indicó que los resultados establecen que los respiradores tienen una infinidad de limitaciones técnicas y no pueden ser utilizados en las unidades de cuidados intensivos de los servicios COVID-19.

Por este caso, ya estuvieron encarcelados preventivamente el exministro de Salud, Marcelo Navajas, además de exfuncionarios, además del empresario Luis Fernando Humerez, quien habría participado en los contactos para la compra.