Desde la detención en EEUU del exministro de Gobierno Arturo Murillo, hace poco más de una semana, se revelaron al menos ocho hechos, en torno a las investigaciones que se llevan adelante tanto en el país del norte como en Bolivia.

Mientras espera su audiencia cautelar, prevista para el 7 de junio, se van sumando más denuncias relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico y abuso de poder.

Los delitos que se habrían cometido, mientras ejercía como el hombre que estuvo detrás del poder en la gestión de Jeanine Áñez (2019-2020), salpicaron a todo el gabinete de entonces, así como a líderes políticos que fueron protagonistas en el proceso de transición tras la renuncia del expresidente Evo Morales en medio de indicios de fraude.

1. LA CAÍDA Antes de la aprehensión del exministro Murillo, hubo una ‘avalancha’ de denuncias desde el Gobierno de Luis Arce en su contra. Más de 9 procesos en su contra fueron como un presagio de lo que se venía y terminaría con su encierro, acusado por sobornos y lavado de dinero tras destaparse un presunto hecho de corrupción en la adquisición de material antidisturbios (caso gases) con sobreprecio.

Su sucesor, Eduardo del Castillo, alertó de la desaparición de 400 kilos de droga.

Sobre la exautoridad pesa también denuncias por las muertes en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto) durante los conflictos postelectorales; calumnias e injurias tras acusar a una mujer del rapto de una bebé y, en otro caso, por involucrar al actual comandante de la Policía, Jhonny Aguilera. A su vez es investigado por la quema de la libreta de servicio militar de Morales, la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio y el uso indebido de datos informáticos, allanamiento y resoluciones contrarias a la Constitución por vulnerar protocolos de seguridad de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Otra denuncia es por el retraso en la extradición del “pez gordo” del narcotráfico, Pedro Einar Lima Lobo. 

Del Castillo, a su vez, informó de 30 compras irregulares, desde talco para pies con sobreprecio hasta armas para la Policía y Fuerzas Armadas(FFAA) y algunas inconsistencias en trámites e informes que provocaron un daño de Bs 156 millones.

2. DINERO Y EXTRADICIÓN La hecatombe de todo se dio en EEUU, el 21 de mayo, cuando el FBI detuvo a Rodrigo Méndez, el exjefe de gabinete y hombre de confianza de Murillo, acusado por “prácticas corruptas” en la compra del material antidisturbio.

El monto acordado era de más de Bs 39 millones ($us 5.649.137), sin embargo, la intermediaria hizo la compra a un fabricante brasileño por Bs 23 millones ($us 3.357.735), lo cual deja un excedente de Bs 16 millones ($us 2.291.402) en su favor y el de sus cómplices. 

También cayeron tres representantes de la empresa intermediaria de la compra del material antidisturbios que tienen doble nacionalidad (boliviana y estadounidense). Los empresarios Luis y Bryan Berkman (padre e hijo) están libres tras pagar una fianza de $us 350.000 y 500.000 mientras Philip Lichtenfeld tiene detención preventiva. 

A raíz de esto, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, dijo que Interpol rechazó en tres oportunidades la notificación azul para dar con la ubicación de Murillo en el exterior argumentando que respondía a una “persecución política”.

Pese a esto, nuevamente insiste, esta vez para la extradición del ex hombre fuerte del Gobierno. 

El canciller Rodrigo Mayta explicó que la procedencia de la medida dependerá de EEUU. 

Entre tanto, el fiscal departamental William Alave informó que el Ministerio Público presentó la solicitud ante la juez a cargo del control jurisdiccional y se espera que provea el exhorto suplicatorio respectivo para que la Cancillería lo traduzca al inglés y tramite la extradición. Recordó que es posible la medida porque se cuenta con un convenio bilateral para los casos de delitos de corrupción, además de que para ello puede recurrirse a la Convención de Viena, que es un acuerdo multilateral para la lucha anticorrupción.

3. ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES El Gobierno informó de 10 allanamientos a viviendas de los involucrados en el caso gases en Cochabamba (4), Santa Cruz (2) y La Paz (4).

Durante esta intervención de la Fiscalía y Policía, se halló documentos que evidencian depósitos de dinero, memorias USB, tarjetas de débito y depósitos, computadoras, contratos de compras y se secuestraron vehículos, además de dos perros de raza. También se encontró armas de fuego, ropa militar, sustancias controladas, una pipa para fumar marihuana y juguetes sexuales, según el acta levantada en los diferentes inmuebles que dio a conocer la autoridad de Gobierno.

Tras la detención de Murillo, cayeron en Bolivia personas de su entorno. Están su excuñado y su hermana, acusados por legitimación de ganancias ilícitas. Daniel Aliss y Mireya Murillo fueron enviados a la cárcel de El Abra, de Cochabamba, donde pasarán 15 días en aislamiento para luego cumplir con su detención preventiva.

En la misma ciudad fue atrapado Giovanni Fuentes, acusado de obstaculizar las intervenciones policiales. En principio, dijo ser portero de uno de los edificios allanados, pero luego se descubrió que era amigo y colaborador de Murillo. Tras darle libertad irrestricta, fue trasladado a La Paz, aprehendido por otro delito. Se descubrió que la exautoridad le habría transferido sus bienes de forma gratuita. Fue enviado a la cárcel. 

A su vez, el exedecán y exmiembro de seguridad de Murillo, capitán Daniel Bellot, fue enviado a San Pedro, por realizar dos depósitos por Bs 100.000 en favor de Murillo. 

Otros dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, el ex director Jurídico y el director de Logística, también deben cumplir detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en la Paz por uso indebido de influencias.

Entre tanto, uno de los detenidos en EEUU, Philip Lichtenfeld, será investigado en el país por la Fiscalía. Tiene orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito.

4. RUTA DEL DINERO El Gobierno reveló que los más de $us 2 millones del sobreprecio de la compra de gases, se destinaron a dos proyectos en Cochabamba y Santa Cruz. Se invirtió en una inmobiliaria valluna denominada El Doral y también en un proyecto cruceño en el Urubó. 

Del Castillo se refirió a cuatro sobornos entre abril de 2020 y enero de 2021. 

El primero fue a Rodrigo Méndez, quien recibió la suma en efectivo de $us 582.000 de manos de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld. Parte de este dinero fue para Murillo.

El segundo soborno fue para Lichtenfeld, quien recibió tres transferencias bancarias de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) por un monto de $us 920.000, añade el informe. 

Estos depósitos fueron embargados y el Estado trabaja en recuperarlos. 

En el tercer soborno se implica al exministro de Defensa Fernando López, que terminó recibiendo, a través de un familiar, $us 20.000.

El cuarto es cuando Lichtenfeld mandó un mensaje que decía “transfer Arturo”. Serían dos depósitos de $us 79.000 y 100.000.

5. DECRETOS Y GABINETE Por la suscripción de los tres decretos supremos (4090, 4116 y 4168), efectuados entre el 29 de noviembre de 2019 y 28 de febrero de 2020, y que viabilizaron la adquisición de gases, fueron citados a declarar 17 miembros del gabinete de Áñez.

El Gobierno, a través del Ministro de Justicia, Iván Lima, pidió que la Fiscalía convoque a la expresidenta y los exministros. 

Son 17 ministros apuntados en la investigación en la que Lima será querellante y el proceso busca que se explique por qué no denunciaron estas irregularidades en el tiempo oportuno. 

La primera en ser citada fue la excanciller Karen Logaric, quien está fuera del país. También están los exministros Yerko Núñez; Carlos Díaz; José Luis Parada; Álvaro Guzmán; Wilfredo Rojo; Iván Arias; Carlos Huallpa; Álvaro Coimbra; Óscar Mercado; Aníbal Cruz; María Elva Pinkert; Virginia Patty; Mauricio Ordoñez; Roxana Lizárraga; y Milton Navarro.

En la lista no están 16 exautoridades, quienes pasaron por el gabinete en otro momento. Se trata de Jerjes Justiniano; Branko Marincovic; Gonzalo Silvestre; Víctor Hugo Zamora; Óscar Ortiz; Abel Martínez; Adhemar Guzmán; Fernando Vásquez; Álvaro Tejerina; Marcelo Navajas; Eidy Roca; Víctor Hugo Cárdenas; Eliane Capobianco; Martha Yujra; y María Isabel Fernández.

6. LÓPEZ Y FORONDA El exministro de Defensa Fernando López está involucrado en la firma de los decretos para la adquisición de los gases. 

A este caso, según el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se suman otras ocho irregularidades para la adquisición de materiales e insumos como el alquiler de cisternas, contratación de talleres de arreglo mecánico de vehículos, compra de uniformes, cobro excesivo a premilitares y otros.

El Gobierno informó que la exautoridad está en Brasil y se alista mecanismos para pedir su retorno. También tiene orden de aprehensión por los hechos de violencia en Sacaba y Senkata.

En medio de todo, surgen el nombre de Érick Foronda, que según ABI, se identificó como agente de la CIA de EEUU, aunque luego dijo que era una broma, y se convirtió en pieza clave del gobierno de Áñez. 

La exministra Roxana Lizárraga contó sobre la personalidad manipuladora de ese agente, cómo intentó armar un Ministerio de Comunicación paralelo, su influencia con la exmandataria y sus férreos vínculos con Murillo. También fue acusado de ser quien controlaba el poder y decía quienes participaban de reuniones. En abril de 2020 lanzó amenazas públicas como secretario privado.

"Van por ti Maduro. No tendrás escapatoria. Y el siguiente es @evoespueblo Evo se acabaron tus días de conspiración. Delincuente (sic)", escribió e incluyó un link a una página de la Casa Blanca.

Durante sus más de dos décadas como asesor de la Embajada de EEUU en Bolivia, Foronda se convirtió en el puente y contacto. Una vez radicado en EEUU, fue testigo y estratega cercano a Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos acusados por la masacre de octubre de 2003.

7. LAS DISPUTAS Ya fuera del poder, exautoridades del gobierno de Áñez apuntan contra Murillo. Por ejemplo, se le relaciona directamente con Samuel Doria Medina. Según la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga este último fue quien impuso al primero en el gobierno ya que ambos son de Unidad Nacional (UN). El empresario paceño rechazó las acusaciones.

Lizárraga fue quien reveló detalles desconocidos sobre las disputas al interior del gabinete como que fue Murillo quien decidió impulsar la candidatura de la exmandataria con otros exministros y para convencerla mostró una encuesta. A su vez, exigió otorgar publicidad a ciertos medios de difusión de su preferencia. Habló también de que había rumores de venta de cargos.

Por su parte, la excanciller Karen Longaric culpó directamente a Jeanine Áñez por favorecer a Arturo Murillo y designar a su hermana, Mireya, como cónsul de Bolivia en Miami, EEUU. Dijo que tenía “mucho peso” y se “entrometía”.

Recordó que hubo tensiones respecto al tema de los asilados y la orden de entregar salvoconductos.

“Era un ministerio del terror, todo el mundo empezó a tener pánico porque era un autoritarismo excesivo”, contó Jerjes Justiniano. 

El exprocurador José María Cabrera contó que fue amedrentado por personeros de inteligencia del ministerio de Gobierno por las denuncias que hizo por el caso gases y de la empresa ELFEC. Recordó que fue Murillo quien pidió a la presidenta de entonces que lo destituyera y así se hizo.

8. UN PRÉSTAMO Tras destaparse un nuevo escándalo sobre el préstamo del material antidisturbios, el abogado Gary Pardo reveló que Ecuador aceptó esto tras gestiones a través del Ministerio de Defensa. 

“Se prestaron un avión de la Fuerza Aérea y le pidieron al Gobierno ecuatoriano el valor equivalente a 9 millones de bolivianos de gas para suplir hasta que llegue esta compra y nunca les devolvieron”, indicó el abogado que asumió la defensa de dos exfuncionarios vinculados al caso, mismos que están privados de libertad, según reporte de ATB.

El jurista dijo que Murillo presionó para que se opte por el préstamo con el argumento de que la Policía Boliviana no contaba con la dotación necesaria y vinculó al Ministerio de Defensa.

La denuncia de Prado se suma a lo dicho por la exministra de Comunicación de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, quien sostuvo, en una entrevista con radio Fides, que al tener la versión de que la Policía y las FFAA no contaban con agentes químicos para dispersar un supuesto intento de explotar la planta de Senkata, el Gobierno de facto solicitó un préstamo de estos agentes químicos a un “gobierno amigo”.

En el MAS ven este hecho como injerencia.