Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 17 de octubre de 2021
  • Actualizado 22:13

Encarcelan a Áñez por ‘caso golpe’ y piden 30 años; apuran otros 4 juicios

El Ministerio de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta y sus exministros. La Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea deben viabilizar los procesos.
La expresidenta Jeanine Áñez al ingreso al Centro de Orientación Femenina  de Obrajes, en La Paz. APG
La expresidenta Jeanine Áñez al ingreso al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz. APG
Encarcelan a Áñez por ‘caso golpe’ y piden 30 años; apuran otros 4 juicios

La expresidenta Jeanine Áñez fue ingresada ayer a la cárcel de mujeres de Obrajes, con detención preventiva, acusada en el marco del caso denominado “golpe de Estado” por presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición cuando era senadora y asumió el mando del país. También fueron enviados al penal de San Pedro de La Paz los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán por cuatro meses.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se pedirá 30 años de cárcel por las muertes durante los conflictos postelectorales. Asimismo, apura cuatro juicios de responsabilidades contra la exmandataria y otras exautoridades.

“Lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, sostuvo Lima, reportó Urgente.bo. 

Entre tanto, el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta, que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, fue aprehendido por este mismo caso.

Su abogada, Zuleika Lanza, aseguró que el excomandante no fue notificado en el caso y se enteró a través los medios de comunicación que está investigado, por lo cual decidió presentarse. 

Mendieta, que es el segundo militar aprehendido, después del almirante Flavio Arce, participó junto a las Fuerzas Armadas, a la cabeza del general Williams Kaliman, de la conferencia en la que sugirieron la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

JUICIOS

Lima informó de la presentación ante la Fiscalía General del Estado de cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez y exautoridades y que espera su viabilización en esta instancia, además del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa.

“La Asamblea tendrá que definir si corresponde o no continuar con los juicios y esa decisión se debe realizar por 2/3 de votos. Si la Asamblea no la aprueba por 2/3 de votos, los casos podrían archivarse y podrían quedar sin justicia para el pueblo boliviano y las víctimas”, aseguró, según ABI.

El préstamo irregular de $us 346.7 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la prórroga ilegal de concesión de Fundempresa, la vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y las restricciones durante la pandemia son los casos por los que el Gobierno presentó memoriales.

En el primer caso, sobre el FMI, también se acusa al exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada; y expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En el caso de Fundempresa, el Gobierno busca procesar a los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, José Abel Martínez y Adhemar Guzmán por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.

Sobre el caso de los residentes bolivianos en Chile que, asesorados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, denunciaron la vulneración de sus derechos humanos el 2020 debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria. Áñez está acusada por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación.

El caso libertad de expresión en pandemia hace referencia a la estrategia, durante la primera ola, basada en la restricción y persecución a quienes opinen en contra de su Gobierno. Todos los que opinaban diferente eran sancionados con hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.

OTROS DENUNCIADOS

Desde diferentes organizaciones se sugirió ampliar las investigaciones hacia otros líderes políticos.

Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, negó hoy que existan órdenes de aprehensión contra Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, y su padre José Luis.

Las organizaciones afines al MAS insisten en procesar al también exlíder cívico y al alcalde electo de La Paz, Iván Arias.

 A su vez, a través de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías se envió una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre la manipulación a universitarios por parte del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, para gestar el “golpe de Estado de 2019”, señaló, según ABI, el presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, José Rengel.

A su turno, el ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que se denuncie penalmente a la actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa y Sergio Choque, quieren fueron presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados en la gestión de Áñez.

EMERGENCIA

Entre tanto, las organizaciones sociales afines al MAS, que conforman el Pacto de Unidad, exigieron justicia y se declararon en estado de emergencia ante las amenazas de movilizaciones. 

Aseguran que no buscan venganza y dan su pleno respaldo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, ante “los afanes de desestabilización de la derecha”. 

Por otro lado, tras una reunión del "estado mayor" de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, en conferencia de prensa, y con la presencia del expresidente Evo Morales, líder de la organización, emitieron un comunicado a la opinión pública.

Determinaron, a partir de la fecha, declarar estado de emergencia e iniciar ampliados de las organizaciones sociales en todos los departamentos a nivel nacional, según refleja radio Kawsachun Coca, en su sitio de Facebook.

La denuncia contra las exautoridades fue interpuesta por la exdiputada Lidia Patty, quien es cuestionada por ampliar el mandato de Áñez y después denunciar “golpe”. Asimismo, hay pedidos de investigación en contra de ella por aprobar la renuncia de Morales.

Desde la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, anunciaron acciones penales contra Patty por su denuncia y generar la actual inseguridad jurídica que vive el país.

Apuntes

Refugio

• La Cancillería de Perú informó que recibió la solicitud de refugio de Roxana Lizárraga, quien fue Ministra de Comunicación del Gobierno de Jeanine Áñez. También se sumó al pedido la ciudadana venezolana María Molina, activista en derechos humanos. Las solicitudes son procesadas conforme a ley.

Una comisión

• La Asamblea Legislativa Plurinacional anticipó que conformará una Comisión Mixta para hacer seguimiento a los procesos judiciales con el fin de buscar justicia, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Debido proceso

• El fiscal de materia Pablo Gutiérrez informó ayer que el Ministerio Público respetó el debido proceso y los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales. Asimismo, aclaró que no hay persecución política sino actos propios de una investigación promovida ante una denuncia y tras algunas fugas.

Buscado

• El viernes 12 de marzo, cuando se conoció las ordenes de aprehensión contra Añez y cinco de sus exministros, se activó un operativo policial para detenerlos, sin embargo, no se logró dar con el paradero de Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, quien ayer envió un mensaje a su hija, a través de Facebook y sugiere que no está en Rurrenabaque, su ciudad de origen, en Beni. 

Defensoría

• La Defensoría del Pueblo reconoció ayer que en noviembre de 2019 sugirió la renuncia de Evo Morales y que la eliminación del tuit y comunicado respectivo no fue una decisión institucional sino un “ataque”. Aseguró que, en ese entonces, hubo una ruptura del orden jerárquico institucional y llamó a que este tema no se use como una “suerte de distracción respecto a lo que está sucediendo”.

Invitación

• El Gobierno invitó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, y a la relatora de ese organismo, Flavia Piovesan, para que realicen una visita “in loco” al país para comprobar el respeto al debido proceso.