El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, informó este miércoles que el sector privado se encuentra alarmado ante la decisión del Gobierno de no flexibilizar el pago del aguinaldo, pese a la crisis económica por el coronavirus y al pedido de diferentes sectores. Advirtió que puede haber muchas empresas que estén sin capacidad de cumplir con la obligación.

Manifestó que el sector privado se encuentra alarmado con la decisión del Gobierno de fijar el pago del aguinaldo hasta el 21 de diciembre de forma improrrogable, por lo cual alertó que podría generarse cierre o quiebra de unidades productivas.

“Ningún empresario se negó a pagar el aguinaldo, solo pedimos flexibilidad y propusimos una serie de alternativas que iban desde acceder a créditos blandos para cubrir esta obligación, hasta ampliar el plazo o destinar parte de los recursos a la compra de productos nacionales; sin embargo, de manera incomprensible y poco coherente, el Ministerio de Trabajo impone una decisión drástica, sin escuchar siquiera al sector privado y sin considerar que esta medida radical e irreflexiva va a aportar al cierre o la quiebra de empresas que estaban empezando a recuperarse”, señaló el presidente de la CEPB, Luis Barbery.

El directivo señaló que las empresas privadas en Bolivia contratan a más de 800.000 trabajadores que representan un pago de 446 millones de dólares en aguinaldo, y que en muchos casos, el cumplimiento de este beneficio es previsionado por las empresas en montos mensuales durante el año según los ingresos. 

“¿Cómo se podía ahorrar en un año en que la economía se paralizó por más de seis meses?”, se preguntó el empresario.

Recordó que el aguinaldo es una obligación solo para el sector privado formal porque, según dijo, para el 80% de trabajadores informales e incluso para muchos consultores que contrata el Gobierno, no hay Estado ni Ministerio de Trabajo ni COB que vigile u obligue a los empleadores a respetar ese derecho. 

Asimismo, reiteró que la intransigencia y la negativa del Gobierno a escuchar argumentos y buscar conjuntamente soluciones a la crisis, está coadyuvando a agravar la situación. 

“Como CEPB hemos hecho un estudio que concluye que el 18% de las empresas está en riesgo inminente de cierre y que el 58% está a poco de tomar la decisión de disminuir personal; el propio INE ha informado que el desempleo abierto subió al 11% y que la economía está decreciendo en niveles de dos cifras (…) esos datos de por sí graves, van a empeorar debido a estas decisiones irreflexivas y unilaterales”, dijo. 

Finamente el dirigente del gremio empresarial hizo saber que hasta ahora no hay respuesta a un pedido de reunión que hizo la CEPB con el presidente del Estado Luis Arce, para hacerle conocer la grave situación del sector privado que aún soporta los efectos de una pandemia que ha paralizado la economía por más de seis meses consecutivos y ha colocado a los sectores productivos al borde del colapso. 

“Necesitamos reunirnos de manera urgente con el presidente, el vicepresidente y el gabinete económico no solo para explicarla la gravedad del problema, sino para plantearle salidas e iniciativas que, junto a las que ha presentado el gobierno nos va a ayudar a todos a enfrentar esta situación de la que no podemos salir separados y menos si se mata a unos para revivir a otros”, afirmó a ERBOL.