La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuestionó este domingo la propuesta de incremento salarial planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno y solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para exponer el criterio del sector privado amparado en el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A través de un comunicado público manifestó su “extrema preocupación” luego que el 17 de marzo pasado la COB entregara un pliego petitorio que propone un incremento del 10% al salario mínimo y 7% al haber mensual para la presente gestión.

Recuerda que, tras una reunión, el presidente señaló en conferencia de prensa junto a la dirigencia cobista que la demanda será analizada y evaluada por las diferentes instancias del Gobierno con “absoluta responsabilidad con todo el pueblo boliviano”.

El sector privado reclama que la dirigencia de la COB ignore “la grave situación” por la que atraviesan las empresas, emprendimientos y unidades productivas del país, debido a los efectos sostenidos de la pandemia y la incertidumbre mundial respecto al rumbo de la economía.

Cuestiona la falta de compromiso de la dirigencia obrera con los miles de trabajadores y trabajadoras que han ingresado en la informalidad, han perdido sus fuentes laborales o las van a perder “si se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con incrementos imposibles”

Advirtió que este extremo va a forzar “el cierre de las unidades productivas que hoy generan y sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.

Recordó que “los problemas económicos y la disminución de recursos alcanzan también a las universidades, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones del Estado” y advirtió que estos problemas no pueden resolverse imponiendo más cargas sobre los que generan empleo ni adoptando medidas como las del incremento salarial.

El líder de los empresarios a nivel nacional, Luis Barbery, pidió reunirse con el presidente Arce “considerando que se dio la oportunidad a la COB para presentar sus argumentos y su propuesta”, y para ello aluden al Convenio 131 de la OIT, que dispone la obligación del Estado de realizar consultas exhaustivas a los empleadores y los trabajadores para fijar el salario mínimo.