El séquito de abogados que se va conformando para "defender" a Evo Morales suma a un exmagistrado. Se trata de Orlando Ceballos, quien pretende coadyuvar para que se sustente la candidatura presidencial de Evo rumbo al 2025.

Alertó que en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estaría en curso un expediente con el objetivo de "inhabilitar" al exmandatario en una nueva postulación.

Ceballos fue magistrado del TCP entre 2018 y 2019, cuando renunció tras ser imputado por violencia hacia la mujer. Ahora se pronunció en Sucre como parte del Comité de Defensa Jurídica de Evo Morales.

Aseguró que la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la reelección indefinida, no impide una postulación de Morales, pero advirtió que se pretendería dar una interpretación para inhabilitarlo.    

Denunció que el Gobierno estaría “pervirtiendo” al Tribunal Constitucional para emitir una sentencia que inhabilite a Evo, en el marco de una Acción Popular presentada por el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas.

Ceballos sostuvo que ese expediente fue sorteado a la magistrada por Oruro, Georgina Amusquivar, pero el Ministro de Justicia "hostigó" a esa autoridad con una denuncia por mora procesal, hasta que presente su excusa.

Consideró que este caso recaerá donde –según afirmó- el Gobierno tiene control absoluto: la Sala Cuarta Especializada del TCP, integrada por los magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado.

“Esta sentencia se va a emitir dentro de una Acción Popular que ha presentado el diputado Pedrazas”, aseveró Ceballos, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 

Ya tienen estrategia

En caso de que Morales sea inhabilitado, el exmagistrado Ceballos anunció que el Comité de Defensa ya tiene “una estrategia en sede administrativa y en sede constitucional”.

Además, señaló que el Congreso del MAS en Lauca Ñ va a establecer las formas de “resistencia y de movilización popular para defender a Evo Morales en las calles”.

Indicó que con esa movilización se pretenderá impedir que las instituciones y los órganos del Estado sean utilizados por el Gobierno, en una suerte de “plan negro de intento de inhabilitación a Evo Morales”.