Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 24 de mayo de 2024
  • Actualizado 12:17

LOS INFORMES REVELAN LA PRESENCIA DE METALES PESADOS

¿A dónde vamos a ir? Dolor del Ayllu Puñaca ante contaminación minera

Más de 60 familias se ven afectadas por la contaminación del agua, una situación que les priva de acceso al líquido para consumo humano, sus animales y cultivos. 
Una mujer del Ayllu San Agustín de Puñaca contempla las aguas del río Cachimayu en Poopó, Oruro. / MARIELA COSSÍO
Una mujer del Ayllu San Agustín de Puñaca contempla las aguas del río Cachimayu en Poopó, Oruro. / MARIELA COSSÍO
¿A dónde vamos a ir? Dolor del Ayllu Puñaca ante contaminación minera

“Les digo a mis hijos que estudien. En el campo, ya no hay vida”, comenta con tristeza Apolonia Chambi. Ella, al igual que las más de 60 familias del Ayllu San Agustín de Puñaca, sufre las consecuencias de la contaminación del agua debido a la actividad minera.

La falta de agua para el consumo humano, la imposibilidad de llevar a cabo actividades ganaderas y agrícolas son problemas evidentes. No se trata de sospechas, sino de una realidad respaldada por dos informes: uno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y otro del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), ambos realizados con muestras tomadas de los mismos sitios, que confirman la presencia de metales pesados. 

Apolonia, madre de tres hijos y de 54 años, cría unas 100 cabezas de ganado con el objetivo de producir leche y quesos para el mercado y generar ingresos. Sin embargo, su actividad está amenazada por la contaminación del agua. En lo que va de este año, ha perdido 10 vacas debido a enfermedades. “Nuestras vacas ya ni producen leche. Han comenzado a perder peso y debemos suministrarles vitaminas e inyecciones para salvarlas”.

Ella menciona que el agua local es picante, por lo que no se puede consumir. Apolonia se ve obligada a traer agua desde Oruro y almacenarla en un tanque en el techo de su casa, pero debe racionarla cuidadosamente. Solo utiliza lo necesario para preparar su té y comida, pero se enfrenta a un dilema con respecto a sus animales.

Situaciones similares afectan a las cuatro comunidades del Ayllu San Agustín de Puñaca, ubicadas en la provincia de Poopó, en Oruro. En medio de la problemática, surge una pregunta recurrente: ¿A dónde vamos a ir?

EN LUCHA

En 2021, los habitantes emprendieron una acción legal de defensa constitucional mediante una Acción Popular presentada ante una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Su objetivo era exigir la reparación de los daños causados por la contaminación de sus fuentes de agua.

En noviembre de 2022, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la Resolución 113/2021, emitida el 1 de diciembre, que inicialmente había denegado la tutela. En su lugar, el Tribunal ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en coordinación con el Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Poopó, que durante el primer semestre de 2023, planifiquen y llevaran a cabo “un estudio sobre la calidad del agua que se suministra al colectivo indígena con la finalidad de constatar si es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, así como para dimensionar su repercusión en la salud de su población, a fin de que, en su caso, se asuman las acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso hídrico óptimo para su aprovechamiento; con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional”. 

Un río en la provincia de Poopó, Oruro, muestra un tono anaranjado en sus aguas. / MARIELA COSSÍO
Un río en la provincia de Poopó, Oruro, muestra un tono anaranjado en sus aguas. / MARIELA COSSÍO

LA REALIDAD

En respuesta, una comisión compuesta por diversas entidades gubernamentales llegó a Poopó el viernes para presentar los resultados del estudio sobre el agua. Álvaro Ramírez, en representación del MMAyA, explicó que se tomaron muestras de agua de siete puntos: el grifo detrás del tinglado de la escuela de la comunidad de Puñaca, un pozo de agua, el río Cachimayu, el puente del río Desaguadero, el dragado del río Desaguadero, una vertiente utilizada para el consumo humano y otro pozo de agua excavado.

Los análisis físico-químicos y microbiológicos revelaron que algunos parámetros cumplen con los estándares establecidos, mientras que otros, no. En cuanto a los resultados de los análisis de metales pesados, se identifican varios, incluyendo hierro, manganeso, aluminio, arsénico, boro, cadmio, cobre, plomo, sodio, zinc, antimonio, bario, cromo total, mercurio, níquel y selenio. En muchos casos, los valores superan los límites permitidos.

Sin embargo, uno de los puntos destacados en el informe técnico presentado al Tribunal Constitucional afirma que: “De acuerdo a los resultados de calidad de agua de las fuentes utilizadas para consumo humano y a la inspección técnica realizada, en el sector no existe contaminación generada por la mano del hombre, por lo tanto, corresponde al GAM de Poopó de acuerdo a sus competencias velar por los servicios de agua potable y saneamiento de su población”. 

Prudencio Chambi, autoridad originaria del Ayllu San Agustín de Puñaca, discrepa con la interpretación de los resultados en el informe. Él argumenta: “No pueden afirmar que no estamos contaminados. No podemos consumir el agua de aquí. Tenemos evidencia respaldada por estudios. Por lo tanto, rechazamos el informe presentado a la Sala Constitucional Segunda de Oruro.. Como comunidad, convocaremos una Asamblea General, ya que estamos dispuestos a llevar esta lucha hasta el final”.

Durante la presentación, tanto Álvaro Ramírez como Miriam Alarcón, representantes del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua y de Recursos Hídricos y Riego, respectivamente, reconocieron la presencia de metales pesados en el agua de la comunidad. Ninguno de los presentes accedió a brindar información adicional a los medios de comunicación, alegando falta de autorización.

Sergio Vásquez, director de CENDA, una institución que ha apoyado al Ayllu San Agustín de Puñaca desde 2018, sostiene que el informe del MMAyA “omitió un análisis e interpretación adecuada de los estudios sobre la presencia de metales pesados”. En consecuencia, cree que el Tribunal Constitucional rechazará el informe. “No se ha realizado la valoración real del impacto en la salud, no se ha establecido ninguna acción concreta para remediar y resolver el tema de la falta de agua en cantidad y calidad y no se ha realizado ninguna acción efectiva de restauración de calidad del medioambiente”.

Por su parte, CENDA también contrató los servicios de un laboratorio para analizar las muestras de los siete puntos de muestreo. Vásquez señala que los parámetros obtenidos coinciden con los del MMAyA, pero subraya la falta de una interpretación precisa de los resultados.