El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó su preocupación por la remoción por decreto de vocales electorales departamentales, que ocurrió recientemente en Bolivia por decisión del presidente Luis Arce.

Mediante Twitter y citado por ERBOL, recordó que esos vocales fueron nombrados por Jeanine Áñez “de acuerdo con el mandato unánime de la Asamblea para renovar autoridades electorales” y afirmó que “su remoción viola garantías previstas por ley”.

Según la norma, el presidente designa a uno de los cinco vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y su periodo en seis años.

Áñez, cuando asumió la presidencia del Estado, nombró a un vocal en el Tribunal Supremo Electoral y en cada uno de los tribunales departamentales, pero en el caso de ocho departamentos Arce determinó cesar en funciones a las autoridades.

Los decretos que emitió Arce para el cambio de vocales consideran a las autoridades electorales como “funcionarios designados” en el marco de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, cuyo nombramiento se basa en “confianza”. También menciona que la legitimidad del mandatario deviene del voto popular, a diferencia de un “gobierno transitorio”.

La oposición rechazó el criterio del mandatario y reivindicó que la garantía de independencia es su inamovilidad y no puede ser tratado como un funcionario subordinado.