La Cámara de Diputados aprobó, en una sesión virtual/ presencial, el proyecto de Ley 595, que busca “fortalecer la implementación de medidas de bioseguridad por parte del Gobierno nacional en centros médicos para combatir la pandemia del coronavirus y, además flexibiliza las sanciones a los infractores y limita el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas. En uno de los artículos, se prohíbe “el uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y amenazas desproporcionadas”.

“No se trata de romper la cuarentena, más bien estamos fomentando para que la gente mantenga la cuarentena de manera disciplinada porque es una solución al coronavirus. Si bien las Fuerzas Armadas y la Policía deben ejercer el control en las calles, regiones, (debe hacerlo) siempre en el marco de los derechos humanos que está bajo el paraguas constitucional”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.

De acuerdo al Proyecto de Ley, durante el período de emergencia por el coronavirus está prohibido el incumplimiento de la cuarentena, “la negación de la dignidad humana, de la intimidad, a la alimentación, a la salud, de la libertad de expresión ni de los demás derechos humanos”.

También está vetado el uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y amenazas desproporcionadas.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía deberán ejercer sus funciones garantizando el cumplimiento de la normativa durante la etapa de emergencia por la pandemia”, señala la norma, según una nota de prensa de la Cámara Baja.

En principio, el documento original que se aprobó en grande la semana pasada hacía referencia a sanciones a los miembros de ambas instituciones, pero se omitió esto. Sin embargo, ahora se habla de procesos penales a las personas que tengan coronavirus y salgan a las calles. Para el resto de la población que infringe las medidas flexibilizan las sanciones.

El diputado Amílcar Barral de Unidad Demócrata (UD), en una entrevista con un medio televisivo, dijo que la intención del MAS es ablandar la cuarentena, así como amedrentar a quienes se encuentran haciendo cumplir las medidas restrictivas para evitar mayores contagios. Sus colegas se refirieron a un boicot contra las acciones que lleva adelante la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete.

LA NORMA Asimismo, la Ley dispone que el Gobierno Central deberá garantizar que los establecimientos de salud dependientes del ministerio del área en todos los departamentos y municipios del país cuenten con equipos de bioseguridad como: reactivos para la realización de pruebas COVID-19 mínimamente para un tercio de la población de cada municipio; laboratorios de análisis para la detección de coronavirus; infraestructura y equipamiento para el aislamiento de personas sospechosas; respiradores para el diagnóstico y atención; salas de terapia intensiva; y sala de desinfección en cada establecimiento de salud para el personal.

La misma obligatoriedad regirá para los establecimientos de salud dependientes del Subsector de la Seguridad Social de Corto Plazo y en los centros y clínicas privadas.

Asimismo, el Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos autónomos, deberá dotar de equipos de bioseguridad a todos el personal de salud del subsector público del área urbana, rural y zonas fronterizas, consistente en batas, ropo, guantes, barbijos, lentes y otros a ser requeridos, en una plazo máximo de cinco días desde la promulgación de la ley. Similares obligaciones tendrán las autoridades de los subsectores de la Seguridad de Corto Plazo y Privado.

Además, los ministerios de Gobierno y de Defensa deberán dotar de equipo de bioseguridad necesarios al personal policial y militar, al igual que al personal administrativo que se encuentre trabajando con el personal policial y militar.

El Proyecto de Ley aprobado también ordena a las Entidades Autónomas Territoriales (ETA) para que realicen la desinfección de avenidas, calles, pasajes, callejones, puentes, túneles, mercados, centros de abasto, estaciones policiales integrales, postas policiales, establecimientos de salud, áreas de aislamiento y medios de transporte.

Otro artículo prohíbe los despidos o desvinculaciones injustificadas de los trabajadores del sector privado y servidores públicos durante el tiempo que dure la cuarentena hasta dos meses después de levantada la declaratoria de emergencia.

Además, el Gobierno central deberá informar diariamente en medios de comunicación sobre la dotación de equipos de bioseguridad, dotación de reactivos, apertura de laboratorios, donaciones, créditos y otra información relevante a efectos de que la población en general esté informada.

La norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento y aprobación.