La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrió la posibilidad de conformar una comisión mixta de investigación para indagar la vinculación de bolivianos en el caso de los Pandora Papers (Papeles de Pandora), adelantó hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“Todavía no hemos concertado. Vamos a reunirnos esta tarde o en estos días para analizar y evaluar si hay necesidad de conformar una comisión mixta de investigación de estas grandes fortunas que estarían en Pandora Papers", adelantó.

Según los datos revelados por la organización periodística Connectas.org, usando los datos del Equipo Pandora Papers Bolivia, 293 bolivianos estarían involucrados en ese caso, de los cuales fueron revelados tres nombres: Branko Marinkovic, exministro de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas durante la gestión de Jeanine Áñez; el recientemente fallecido exministro de Desarrollo Económico y Hacienda (1993-1997) y de Energía e Hidrocarburos (2002-2003), Fernando Illanes de la Riva; y Pedro Jaime Valdivia, excónsul de Bolivia en Sao Paulo (Brasil).

“Lo haremos conocer al pueblo boliviano porque no creo que solamente se trate de tres personas. Deben ser más, seguramente, pero si hay esa necesidad, vamos a conformar esta comisión”, ratificó Mamani. 

Según información oficial, entre las 293 personas de origen boliviano involucradas en los Pandora Papers figuran empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, moda y belleza, hasta exfuncionarios públicos quienes convirtieron a las Islas Vírgenes y a Panamá en sus paraísos fiscales favoritos, también Belice, Bahamas y Seychelles, pero en menor escala.

Los Pandora Papers son una nueva filtración de archivos que fue entregada hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.